El asesinato de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, con al menos 35 víctimas mortales en los últimos cuatro años.
La reciente oleada de crímenes en medio de ataques a sangre fría y amenazas constantes, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan en el sistema penitenciario. Los nombres de las víctimas más recientes, las circunstancias de sus muertes y el contexto de una ofensiva criminal sin precedentes reflejan la gravedad de una crisis que no da tregua.
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Entre los casos más recientes se encuentra el dragoneante Jimmy Franklin Flores, asesinado a tiros por sicarios en Cali mientras regresaba a su hogar tras cumplir su turno en la cárcel de Villahermosa. Flores, de 50 años, fue la cuarta víctima mortal en apenas una semana, ilustrando la intensidad de la violencia carcelaria en Colombia.
Días antes, el 3 de octubre, el dragoneante Manuel Antonio Becerra perdió la vida en Palmira, Valle del Cauca, cuando se desplazaba en bicicleta por el sector del Cementerio Central. Ese mismo día, en Bogotá, el dragoneante Miguel Ángel Muñoz, de 27 años, fue atacado por cuatro hombres en motocicleta frente a la cárcel Modelo, recibiendo heridas mortales en un ataque indiscriminado contra el personal de seguridad.
La lista de víctimas de esta reciente escalada incluye también al médico Julián Campo Giraldo, de 39 años, que prestaba servicios en la cárcel de Villahermosa y fue asesinado mientras se dirigía a su casa en el barrio Belalcázar.
En Montería, el dragoneante Richard José Hernández fue ultimado por dos sujetos armados tras finalizar su jornada laboral, mientras que en Barranquilla, Valentín Payares Pertúz fue acribillado cuando regresaba a su residencia en el barrio Las Malvinas, después de trabajar en el centro carcelario El Bosque.
El año 2024 también estuvo cubierto de sangre debido a ataques simultáneos a cárceles en Palmira y Buga, así como atentados en La Plata (Huila) y El Pedregal (Antioquia).
En febrero de ese año circularon nuevos panfletos amenazantes de M.A.G.O. (“Muerte a guardianes opresores”) y videos en los que hombres encapuchados, armados con fusiles, lanzaron amenazas directas a los guardianes del Inpec.
La región Caribe y el Valle del Cauca se consolidaron como epicentros de la violencia, con ataques a balazos contra centros carcelarios y emboscadas mortales, como la que cobró la vida del inspector Óscar Darío Bravo Pasuy y el dragoneante Michel Carlosama Pechene en la Vía Panamericana, en octubre, según un recuento adelantado por la revista Cambio.
El asesinato del coronel Elmer Fernández Velásquez, director de la Cárcel Modelo de Bogotá, el 17 de mayo de 2024, fue uno de los episodios más impactantes. Fernández fue acribillado por sicarios en una de las vías más transitadas de la capital, apenas dos semanas después de recibir amenazas. Su sucesora temporal, la mayor Nancy del Socorro Pérez, también fue objeto de intimidaciones.
Pero la violencia no se ha limitado a los asesinatos: se han registrado atentados con explosivos, secuestros y desapariciones, como la del dragoneante Sebastián Castañeda Ochoa en Jamundí, Valle del Cauca, y el hallazgo del cuerpo sin vida del guardián Jhonatan Osorio Trujillo en Medellín, en enero de 2023.
La magnitud de la violencia se refleja en las cifras: solo en el último año, los funcionarios carcelarios han recibido 266 amenazas. Los sindicatos y la dirección del Inpec manejan datos distintos sobre el número exacto de ataques y víctimas, pero coinciden en que la situación se ha agravado desde 2023, cuando comenzaron a circular panfletos de M.A.G.O. adjudicándose la autoría de los atentados.
Organizaciones criminales como La Inmaculada, liderada por alias Pipe Tuluá y alias Chinga Pipe, han sido señaladas como responsables de varios de estos hechos, junto con disidencias de las Farc y otras estructuras como Satanás.
El modus operandi de los agresores incluye ataques sicariales a la salida de los turnos, emboscadas en carreteras, atentados con explosivos y amenazas masivas a través de panfletos y videos difundidos en redes sociales. El llamado plan pistola, anunciado en varias ocasiones por M.A.G.O., ha generado pánico entre los trabajadores penitenciarios, que enfrentan el riesgo tanto en sus lugares de trabajo como en sus trayectos diarios.
Las reacciones sindicales han sido contundentes. Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), ha calificado la situación como “una masacre sistemática en contra de los trabajadores penitenciarios”, según declaraciones recogidas por Cambio, y ha solicitado la intervención directa del presidente Gustavo Petro y de las autoridades nacionales y locales. Robayo ha reiterado la urgencia de que se tomen medidas efectivas para frenar la ola de asesinatos y proteger la vida de los funcionarios.
Por su parte, Johan Pardo, líder del sindicato OSP, ha descrito un ambiente de temor y zozobra, señalando que las situaciones de violencia se repiten sin que existan respuestas suficientes. Pardo ha advertido sobre el aumento de renuncias y solicitudes de traslado, especialmente en el Valle del Cauca, y ha alertado sobre el impacto en la salud mental de los trabajadores y sus familias.
En respuesta a la crisis, la dirección del Inpec y el Gobierno nacional han anunciado un paquete de diez medidas urgentes, entre las que se incluyen la suspensión preventiva de visitas en Bogotá y Valle del Cauca, el alistamiento de segundo grado en todo el país, el acompañamiento de la Policía y el Ejército en los horarios de ingreso y salida del personal, la implementación de jornadas laborales excepcionales, la suspensión de traslados y remisiones en zonas críticas, el trabajo en casa para administrativos, la suspensión temporal de programas internos, la realización de ferias de armamento, capacitaciones sobre el uso de armas y la coordinación interinstitucional con las Fuerzas Militares.
No obstante, los líderes sindicales han manifestado su escepticismo respecto a la eficacia de estas acciones, argumentando que suelen ser respuestas momentáneas que pierden fuerza con el tiempo y no abordan de manera estructural el problema de fondo.
Mientras las medidas oficiales se suceden y los anuncios se multiplican, la violencia contra los funcionarios del Inpec continúa extendiéndose por todo el país. Los trabajadores penitenciarios insisten en que la situación requiere una atención prioritaria y soluciones de fondo para detener la cadena de asesinatos y amenazas que los mantiene en constante estado de alerta.
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