Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Un importante golpe contra las estructuras de crimen organizado en el país fue anunciado el jueves 2 de octubre por la Policía Nacional, que dejó como resultado de la captura de más de 150 delincuentes en todo el país.

Entre las detenciones se destacó las de 12 presuntos integrantes de la subestructura Javier Yepes Cantero, del Clan del Golfo, que operaban en Córdoba.

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Entre los detenidos se encuentran alias Javier, identificado como jefe financiero, así como “Paola”, “Chimenea”, “Yei o El Peluquero”, “Enamorado”, “El Chino”, “Carlitos”, “El Menor”, “Cabeza de Puerco”, “Mario”, “José” y “El Paisa”.

El operativo se realizó en los municipios de Lorica, San Antero y Momil (Córdoba), Corozal (Sucre) y Medellín (Antioquia), en el medio de una ofensiva nacional orientada a desarticular redes dedicadas a la extorsión y el secuestro.

La coordinación entre el Gaula de la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación fue clave para el desarrollo de la operación. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada.

Subestructura Javier Yepes Cantero generaban rentas criminales gracias a la extorsión

Las investigaciones revelaron una organización jerarquizada y con roles definidos. Alias Javier se encargaba de la gestión financiera, imponiendo un cobro del 5% sobre contratos de obras públicas y privadas.

“Paola” y “Chimenea” coordinaban los cobros, identificaban a las víctimas y llevaban registros contables de las extorsiones. Por su parte, “Yei o El Peluquero” y “Enamorado” reclutaban jóvenes en situación de vulnerabilidad en Lorica y extorsionaban a comerciantes.

Las autoridades señalaron que “Paola” y “Yei o El Peluquero” estarían implicados en el atentado del 23 de abril de 2025 contra el subintendente Yeiner Morelo Guzmán, quien resultó herido por disparos en Lorica.

El modus operandi de la subestructura se basaba en la intimidación y la presión constante sobre comerciantes, ganaderos, transportadores, contratistas de obras públicas, prestamistas “gota a gota” y empresas distribuidoras de alimentos y bebidas.

Las víctimas, sometidas a amenazas y exigencias de pago, expresaban su angustia en conversaciones interceptadas por las autoridades. En uno de estos intercambios, una víctima expresó: “Yo necesito que verifiquen y que todo esté bien, usted no sabe ni el estrés que tengo”, a lo que el extorsionista respondió: “Por lo mismo, Mi seño. Me coloca a la cuenta, yo mando resivo y listo. Cada mes recojo la cota de millón. Listo (sic)”.

En otra comunicación, la amenaza fue explícita: “El porte que le pedimos de 2 millones de pesos mañana antes de las 2 de la tarde, hora única, le agradecemos la colaboración y no obligarnos a usar la violencia(sic)”. Estos fragmentos evidencian la presión psicológica y el riesgo al que estaban expuestas las víctimas.

Impacto de la operación y acciones judiciales

La estructura criminal no solo obtenía rentas ilegales que alcanzaban los $300 millones mensuales, también ejercía control social, realizaba homicidios selectivos, reclutaba jóvenes y mantenía vigilancia sobre la fuerza pública y potenciales víctimas.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 12 teléfonos móviles, siete tarjetas SIM, libros de cobro y dos armas de fuego, elementos que documentan la magnitud y organización de la actividad delictiva.

Tras su captura, los 12 integrantes de la subestructura Javier Yepes Cantero quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentarán los cargos correspondientes. Las autoridades enfatizaron en la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta fundamental para combatir estas organizaciones y proteger a la población.

Operación nacional y resultados

La operación, desarrollada bajo el Plan Cazador Odín, se extendió por varias ciudades y departamentos del país, incluyendo Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Cartagena, así como Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Córdoba y Casanare.

En total, la ofensiva dejó 156 capturas: 119 por extorsión, 19 por secuestro y 18 por otros delitos, además de la neutralización de tres personas. Las autoridades incautaron 15 armas de fuego, seis proveedores, seis granadas, 494 cartuchos de diferentes calibres, diez motocicletas y cien equipos móviles, elementos utilizados para facilitar las actividades delictivas.

El despliegue también permitió la detención de 20 miembros del Clan del Golfo, así como integrantes de otras organizaciones criminales, debilitando de manera significativa la capacidad operativa y financiera de estos grupos.