El hallazgo de un faltante millonario en la recaudación aduanera por la importación de vehículos diplomáticos puso en evidencia las debilidades estructurales del sistema tributario colombiano.
La Agencia del Inspector General de Tributos (ITRC), adscrita al Ministerio de Hacienda, concluyó una auditoría a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que reveló inconsistencias por un valor de $38.400 millones en operaciones de importación de automóviles realizadas por diplomáticos colombianos.
La investigación, según información proporcionada por la ITRC, se enfocó en las actividades de la Dirección Seccional de Santa Marta, donde se detectaron graves incumplimientos de la normativa vigente para acceder a los beneficios tributarios aduaneros. El informe detalla que, entre 2020 y 2024, la omisión de controles por parte de inspectores aduaneros y del Sistema de Perfilamiento de Riesgos de la Dian permitió el ingreso de vehículos sin el pago de los tributos exigibles, lo que generó un detrimento fiscal de $37.165.000.000.
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En el año 2022, la auditoría identificó casos de automóviles importados fuera del periodo permitido para diplomáticos retornados, con un impacto fiscal de $99.000.000 en el año mencionado. Además, la ausencia de controles sobre el valor permitido para vehículos, según la categoría diplomática, provocó que se dejaran de recaudar $1.199 millones en concepto de aranceles.
El informe también señala la existencia de falta de documentos soporte, actuaciones de funcionarios sin competencia legal, inconsistencias en las inspecciones físicas y contradicciones en la información suministrada por la aduana seccional de Santa Marta. La directora de la Agencia ITRC, Eva Carolina Madrid Torres, subrayó la magnitud del daño: “El perjuicio económico directo suma $38.464 millones, golpeando de forma severa la capacidad de recaudo del Estado en materia aduanera”.
Tras la revelación de estas irregularidades, la Agencia ITRC anunció la activación de controles sobre las recomendaciones urgentes emitidas.
“Es necesario verificar la competencia de los funcionarios asignados a inspecciones físicas”, afirmó la directora, quien también recordó que los diplomáticos colombianos que retornan al país una vez finalizan su misión pueden acceder a una exención del 100% o una reducción del 30% en el pago de aranceles por la importación de vehículos, siempre que no se superen los montos establecidos.
Este beneficio busca facilitar el cumplimiento de sus funciones y el traslado de bienes personales.
En respuesta a la situación, la Agencia ITRC recomendó la implementación de controles automatizados en los sistemas SIE, SYGA, Siglo XXI e Importaciones, así como la verificación de la competencia de los funcionarios encargados de las inspecciones físicas y la garantía de que actúen conforme al auto comisorio.
El contexto de este hallazgo se enmarca en la reciente instrucción del presidente Gustavo Petro a la ministra de Comercio, Diana Morales, para imponer aranceles a los vehículos contaminantes. En palabras del mandatario: “La maquinaria que emita CO₂ en Colombia debe pagar arancel, y la que no, sea de la China, de la India, de Brasil o de Estados Unidos, no paga”. La complejidad de controlar este tipo de medidas en un entorno donde las normas no siempre se traducen en legalidad efectiva queda reflejada en los resultados de la auditoría realizada por la ITRC.
De igual manera, señaló que la propuesta tiene como objetivo disminuir el impacto ambiental de los vehículos en el país.
“No va alrededor de seguridades secundarias, sino de la seguridad principal de un vehículo, que es no emitir CO2, porque está matando al mundo. No solo mata lo local, como sucede en Bogotá, sino al mundo”, afirmó el mandatario.
Sobre el TLC con Israel, vigente desde 2020, Petro fue enfático: “No somos ese comercio que arrodilla la vida a la codicia, y eso significa que reformamos el TLC; con Israel deja de haber TLC”.
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