Choque entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional por tutela de exsecretario de Álvaro Uribe, condenado por ‘Yidispolítica’: “Una afrenta”

Una carta de ocho páginas enviada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la Corte Constitucional ha generado una fuerte controversia en el ámbito judicial colombiano.

El documento, dirigido al magistrado Juan Carlos Cortés, expresó un desacuerdo tajante con la forma en que la Corte Constitucional tramitó la tutela judicial presentada por Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, condenado por el caso de la Yidispolítica y las interceptaciones ilegales del extinto DAS.

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La Corte Suprema advirtió que las recientes decisiones de la Corte Constitucional, en particular la solicitud de conceptos a instituciones privadas y académicas sobre teorías penales aplicadas en la condena, representan una amenaza directa a la autonomía judicial y a la seguridad jurídica.

En el centro de la misiva, la Sala Penal expuso su preocupación por la orden del magistrado Cortés de recabar opiniones de entidades como el Colegio de Abogados Penalistas y universidades sobre los fundamentos jurídicos que sustentaron la condena de Moreno.

Para los magistrados, esta medida implica que la sentencia del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria quedaría sujeta al escrutinio de expertos particulares, lo que, a su juicio, desborda el marco de la tutela contra providencias judiciales y pone en riesgo la independencia de los jueces.

“Ello supondrá que la decisión judicial atacada, del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, será objeto de escrutinio, no estrictamente a la luz de la doctrina de la tutela contra providencias judiciales, sino de criterios de expertos particulares. Lo anterior no solo es indeseable en un Estado de derecho, sino que puede comportar afectaciones sensibles a la autonomía judicial y a la seguridad jurídica”, advirtió la Sala Penal en su comunicación.

La controversia se originó tras la admisión de la tutela presentada por Bernardo Moreno, que busca revocar la sentencia que le impuso más de cinco años de prisión domiciliaria.

Moreno argumenta que la Corte Suprema vulneró sus derechos fundamentales al interpretar de manera “novedosa” la figura del delito continuado y al rechazar la prescripción de la acción penal, pese a sus reiteradas solicitudes.

En su recurso, el exfuncionario sostiene que la decisión judicial desconoció garantías esenciales como el debido proceso, la favorabilidad, la libertad y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Al admitir la tutela, la Corte Constitucional, bajo la ponencia del magistrado Cortés, ordenó a la Relatoría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema remitir varias sentencias relacionadas con el aumento punitivo por delito continuado, así como el expediente penal completo.

Además, invitó al Observatorio de Criminología de la Universidad Nacional y a expertos en derecho penal para que emitieran conceptos técnicos sobre la figura jurídica en cuestión.

Para la Corte Suprema, estas decisiones constituyen un “desacierto probatorio” y podrían tener un impacto negativo en la doctrina de la tutela contra providencias judiciales. Los magistrados recalcaron que la tutela debe limitarse a examinar posibles afectaciones de derechos fundamentales y no convertirse en un escenario para la construcción de nueva jurisprudencia ni para someter a validación los criterios de los jueces penales.

El trasfondo del caso de Bernardo Moreno se remonta a su condena por la llamada Yidispolítica, un escándalo que involucró la manipulación del voto de la congresista Yidis Medina para favorecer reformas impulsadas por el gobierno de Álvaro Uribe.

Tras la sentencia, Moreno recurrió a la tutela alegando que la interpretación del delito continuado utilizada por la Corte Suprema era inédita y le resultó lesiva. El magistrado Cortés, al admitir el recurso, consideró necesario recabar información adicional y opiniones técnicas para evaluar la posible vulneración de derechos fundamentales.

La Sala Penal de la Corte Suprema, en su carta, insistió en que la revisión de sentencias judiciales mediante tutela no debe abrir la puerta a que agentes externos validen o califiquen las decisiones de los jueces.

“Pervertir ese orden... significa desconocer toda esa estructura constitucional, comporta una afrenta a la independencia de la Corte en sus decisiones y a su dignidad y jerarquía”, subrayaron los magistrados.

Además, advirtieron que este tipo de actuaciones sientan un precedente grave y preocupante para futuros casos, pues podrían debilitar la autonomía e independencia judicial.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de recolección de pruebas y conceptos solicitados por la Corte Constitucional, mientras la Sala Penal de la Corte Suprema mantiene su postura crítica y alerta sobre las posibles consecuencias institucionales de este trámite.