Sudán acusó a mercenarios colombianos de crímenes de guerra e hizo contundente llamado al Gobierno Petro

La delegación de Sudán ante la ONU denunció ante el Consejo de Seguridad la participación de mercenarios colombianos en crímenes de guerra en medio del conflicto armado que enfrenta el país africano.

Según las autoridades sudanesas, estos combatientes, presuntamente reclutados por Emiratos Árabes Unidos (EAU), habrían cometido ejecuciones sumarias, reclutamiento de menores y uso de sustancias prohibidas.

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El representante sudanés Al Harith Idriss Al Harith Mohamed presentó el 5 de septiembre un informe ante el Consejo de Seguridad en el que se detalla la presunta responsabilidad de los mercenarios colombianos en este tipo de actos de violencia contra la población civil. “La embestida de estos mercenarios ha dado lugar a atroces violaciones del derecho internacional humanitario”, afirmó en su intervención.

De acuerdo con el documento, entre el 22 de enero y el 11 de febrero de 2025, 73 civiles fueron asesinados, en su mayoría durante ataques con drones suicidas, enfrentamientos directos y disparos de francotiradores. Además, se reporta que los colombianos estarían involucrados en el “entrenamiento de menores y niños en el uso de armas y operaciones de combate”, práctica que diversas organizaciones, como Amnistía Internacional, han calificado de sistemática en este conflicto.

El informe también acusa a los mercenarios de emplear municiones prohibidas, incluido el fósforo blanco. El uso de esta sustancia contra civiles está prohibido por el derecho internacional debido a que puede causar quemaduras profundas, ceguera y problemas respiratorios graves.

Red de reclutamiento internacional

Las autoridades sudanesas explicaron que el traslado de los mercenarios funciona a través de una red que opera en tres continentes. Según la denuncia, el primer grupo de colombianos llegó en noviembre de 2024 con 172 hombres, pero actualmente la cifra se estima en 380 combatientes, la mayoría de ellos exmilitares que integran el batallón conocido como “Soldados del Desierto”.

En cuanto al proceso de reclutamiento, este tendría origen en Colombia a través de la empresa A4SI, dirigida por el coronel retirado Álvaro Quijano. Esta compañía actúa como enlace con Global Security Service Group (Gssg), ubicada en Dubái, donde los reclutas firman contratos con la promesa de realizar labores de seguridad. Sin embargo, según testimonios recopilados por varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, una vez en Emiratos son enviados por la fuerza a Sudán para unirse al conflicto.

De acuerdo con la denuncia, existen dos rutas principales de ingreso: por Bosaso, en Somalia, cruzando posteriormente por Etiopía o Eritrea; o desde Bengasi, en Libia, atravesando el desierto del Sáhara hasta Chad.

En agosto, el ejército regular sudanés informó que había derribado un avión procedente de Emiratos que transportaba a 40 colombianos y un cargamento de armas destinado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), grupo paramilitar enfrentado al Gobierno.

La aeronave fue atacada mientras intentaba aterrizar en Nyala, Darfur. Las autoridades emiratíes rechazaron esta versión y, en declaraciones a la agencia AFP, afirmaron: “Esas acusaciones infundadas (...) son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación”.

Llamado directo a Colombia

El primer ministro sudanés, Kamil Idris, dirigió un mensaje en español a Colombia para detener el envío de combatientes: “No permitan que jóvenes colombianos sean usados como mercenarios en Darfur. Detengan este crimen antes de que cueste más vidas”. También pidió la colaboración de la comunidad hispanohablante para frenar el reclutamiento y el traslado de mercenarios.

El presidente Gustavo Petro respondió a través de la red social X con un llamado a los exmilitares colombianos: “Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”.

En paralelo, el Gobierno colombiano presentó un proyecto de ley para prohibir la actividad mercenaria. La iniciativa contempla la penalización del reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios, además de establecer programas de reintegración y mejoras económicas para veteranos.