Juzgado admitió demanda de Fabiola Perea, empleada de Laura Sarabia, el Estado tendría que responder por chuzadas y persecución

La historia de Fabiola Perea, una empleada doméstica que trabajaba por días en el apartamento de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en Reino Unido, regresa al escenario público, esta vez en los estrados judiciales. El Juzgado 59 Administrativo de Bogotá admitió la demanda que ella interpuso contra el Estado por los seguimientos, interceptaciones y pruebas arbitrarias de las que fue objeto en medio del escándalo que en 2023 sacudió a la Casa de Nariño.

El caso comenzó con la denuncia de Sarabia por la pérdida de dinero de una maleta en su residencia. Aunque en su momento mencionó la suma de 7.000 dólares, esa cifra nunca quedó establecida con certeza. Lo que vino después resultó desproporcionado, a Perea y a Marelbys Meza, también empleada en la vivienda, las sometieron a pruebas de polígrafo sin respaldo legal y a un esquema de persecuciones dignas de un operativo contra delincuentes de alto perfil.

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La investigación dejó en evidencia cómo se movilizó todo el aparato de seguridad para tratar de resolver lo que parecía un simple hurto doméstico. Policías involucrados confesaron luego que recibieron la orden de hallar el dinero “a como diera lugar” y señalaron al entonces jefe de seguridad de la Presidencia, coronel Carlos Feria, como quien habría dado la instrucción.

Con esa justificación, se recurrió no solo a los equipos de poligrafía de la oficina de anticipaciones de la Casa de Nariño, herramientas que deberían estar destinadas a tareas de seguridad de alto nivel y no a disputas domésticas, sino que además se urdió un entramado de maniobras engañosas para comprometer a la Dijín y a la Sijín en procedimientos irregulares. A través de reportes que distorsionaban los hechos, se avalaron interceptaciones de llamadas sin sustento legal y, como si se tratara de un operativo contra una organización criminal, se desplegaron seguimientos encubiertos a las trabajadoras, quienes de un día para otro pasaron de ser empleadas domésticas a ser tratadas como sospechosas de delitos graves.

La demanda de Perea, admitida recientemente, “consiste en la solicitud de declaratoria de responsabilidad de la Nación, Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Fiscalía”. En su escrito, la mujer advirtió que esos organismos la victimizaron de manera directa y que su vida personal y familiar quedó marcada para siempre por el uso indebido del poder estatal.

Los documentos entregados al juzgado son explícitos: “los daños ocasionados a la señora Fabiola Perea y sus hijos, como consecuencia de la interceptación ilegal de las comunicaciones de que fue víctima, en calidad de ser una de las integrantes del personal doméstico de Laura Camila Sarabia Torres”. El señalamiento fue tan grave que, para justificar las escuchas, miembros de la Policía Nacional elaboraron informes falsos en los que la vinculaban con “grupos terroristas y actividades ilícitas graves”.

Ese montaje, además de exponerla públicamente, tuvo un efecto devastador en su vida cotidiana. “Ha sido incapaz de conseguir un nuevo empleo, privándosele de una fuente de ingresos estable desde el primero de junio de 2023 al día de hoy, fecha última esta en la que se enteró de las interceptaciones ilegales de las que había sido objeto por los medios de comunicación, fecha en la que la sociedad la asoció públicamente como militante del Clan del Golfo”, se lee en la demanda.

La referencia no es menor, la vinculación forzada a una organización criminal no solo le cerró puertas laborales, también afectó la seguridad y el bienestar de su familia. Por eso, el escrito no solo incluye a Perea como víctima, sino también a sus cinco hijos, quienes fueron aceptados dentro del proceso por el Juzgado 59 Administrativo.