La situación de los indígenas embera que permanecen en Bogotá se agravó en la jornada del martes 23 de septiembre por cuenta del bloqueo de los voceros de las comunidades a la oferta de la administración distrital. Esta situación, que ya se había vivido en el asentamiento del Parque Nacional, se trasladó a la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Rioja, al norte de la ciudad.
En un nuevo pronunciamiento, la Alcaldía Mayor lanzó una alerta frente a la inseguridad alimentaria que afecta a 161 niñas, niños y adolescentes de la comunidad indígena que se encuentra asentada en ese sector. Según Roberto Angulo, secretario de Integración Social, estos menores enfrentan riesgos inmediatos para su bienestar debido a la restricción de programas clave de alimentación y protección.
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Luego del retorno a sus territorios de 568 indígenas embera el 10 de septiembre, aproximadamente 295 personas decidieron permanecer en la capital de la República, de los cuales más de la mitad corresponden menores de edad que se exponen a condiciones de vulnerabilidad propiciadas, en gran medida por el bloqueo de los adultos de la comunidad a la oferta institucional.
En este sentido, la entidad identificó a Rosmira Campo y Leonival Campo como responsables de impedir el acceso al Centro Amar, mientras que Saúl Arias y Wilmar Arias han restringido la entrada a los jardines infantiles. Como resultado de este impedimento, solo 18 niñas y niños han podido asistir a estas instalaciones, mientras que la mayoría permanece sin acceso a servicios fundamentales para su seguridad alimentaria y bienestar general.
Preocupación en la administración distrital por situación de indígenas embera
De acuerdo con la entidad, a lo largo del asentamiento de la comunidad étnica en la ciudad, estos voceros han hecho exigencias laborales, en entidades distritales de servicios sociales, y financieras a los funcionarios de la Alcaldía como condición para levantar el bloqueo de los servicios institucionales y permitir el acceso de los menores a estos.
No obstante, en reiteradas ocasiones desde el Palacio Liévano han rechazado dichas exigencias, calificándolas como una “condición de carácter transaccional”. Y recordó que los derechos de los niños son inalienables y no pueden ser objeto de negociación.
Por otro lado, la administración distrital advirtió que las condiciones actuales en La Rioja no cumplen con los estándares mínimos de higiene y salubridad, y que la alimentación disponible resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la niñez.
En contraste, los Centros Amar, en los que buscan incluir a los menores, ofrecen una dieta saludable y culturalmente pertinente, que aporta entre el 50% y el 70% de la energía y nutrientes diarios recomendados, además de proporcionar un entorno seguro y protector.
A la par, precisaron que las instituciones educativas del distrito, a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), cubren el 22% de los requerimientos diarios con el desayuno y la media mañana, y hasta un 30% adicional con el almuerzo, por lo que también se pretende acercar a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena.
Por su parte, la entidad del distrito explicó que desde la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán se mantiene el compromiso con la garantía de los derechos de los menores de edad embera. Esto en sintonía con en el artículo 44 de la Constitución Política, que establece la especial protección de la infancia, por lo que la Secretaría de Integración Social reiteró que la protección de estos derechos constituye una prioridad absoluta para el Distrito y que no puede estar sujeta a restricciones o negociaciones de ningún tipo.
En el pasado ya se han registrado bloqueos similares a la oferta institucional de la ciudad, en el caso del Parque Nacional se llegaron a afectar a casi 500 menores, lo que llevó a las autoridades a considerar alternativas de alojamiento temporal en la ciudad.
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