La radicación de una ponencia alternativa para la reforma a la salud en Colombia marca un nuevo capítulo en el debate legislativo, al presentar una propuesta que, según sus impulsoras, podría reunir las mayorías necesarias para avanzar en el Senado.
El texto, firmado por las senadoras Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, introduce un enfoque que busca transformar el sistema sin recurrir a la estatización ni a la eliminación total de las EPS, y plantea un modelo de financiación que pretende garantizar la sostenibilidad del sector.
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El trámite legislativo de la reforma aún enfrenta dos debates en la Comisión Séptima del Senado y dispone de un plazo de nueve meses para su aprobación, aunque este periodo se verá reducido por el receso legislativo y las elecciones previstas para el 8 de marzo del próximo año.
La discusión que se reanudará el martes 23 de septiembre, constituye la tercera gran iniciativa social del proyecto político del presidente Gustavo Petro que busca respaldo en el Congreso.
La propuesta alternativa, presentada antes de la medianoche del lunes 22 de septiembre por las senadoras Norma Hurtado, Esperanza Andrade, Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos, responde a la crisis del sistema de salud con una visión que, según sus autoras, es “seria, estudiada técnicamente y financieramente viable”.
Mientras el Gobierno responsabiliza al Congreso por la falta de aprobación de su proyecto, las congresistas sostienen que la raíz de los problemas actuales reside en la mala administración y en intervenciones fallidas.
Norma Hurtado afirmó que “la crisis actual no es porque no se haya aprobado la reforma del Gobierno Petro. Es producto de la mala administración, de intervenciones fallidas y del llamado ‘chu-chu-chu’ que profundizó la crisis y dejó al sistema en estado crítico”.
La senadora Hurtado también subrayó que ni la reforma oficialista ni su archivo representan una solución, y advirtió que aplazar el debate significaría “condenar a pacientes, médicos, hospitales y clínicas”.
Por su parte, Lorena Ríos sostuvo que la ponencia alternativa constituye la respuesta que el país necesita para evitar que el Ejecutivo imponga “por decreto, una visión que no ha funcionado”.
Ríos señaló que la situación actual ha puesto en riesgo la vida de los colombianos debido a la congestión en las citas, la escasez de medicamentos y la imposibilidad de cumplir tratamientos. “Esa decisión de no construir sobre lo construido nos llevó de nuevo a tiempos pasados, cuando la muerte era sinónimo del sistema de salud”, advirtió.
Entre los principales cambios propuestos, el Ministerio de Salud plantea transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida (GSV), que asumirían la gestión del riesgo en salud y la prestación de servicios públicos, privados y mixtos, pero dejarían de administrar directamente los recursos del sistema. Esta función pasaría a ser exclusiva de la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres).
Además, la reforma impulsa un modelo de salud predictivo, preventivo y resolutivo, basado en la atención primaria y organizado a través de Redes Integradas e Integrales Territoriales de Salud, con la puesta en marcha de Centros de Atención Primaria.
La ponencia alternativa enfatiza que no se busca estatizar el sistema, sino mejorarlo. Las GSV controlarían las redes, la calidad y la auditoría, pero no manejarían los recursos directamente. Se propone la creación de un Sistema Único de Información (Spuiis) y un Sistema Nacional de Auditoría (Snags) para vigilar en tiempo real el uso de los recursos y activar acciones preventivas ante irregularidades.
Uno de los puntos centrales es el cálculo técnico de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que se definiría mediante estudios validados por universidades y el Consejo Nacional de Salud.
La propuesta también contempla pagos más ágiles a hospitales y clínicas, la protección de pacientes y prestadores, y la asignación de nuevos recursos provenientes de “impuestos saludables, IVA social y un punto del PIB”.
Según el texto, el 100% del recaudo de impuestos a bebidas y alimentos ultraprocesados se destinará durante cinco años a sanear financieramente el sistema. Además, se plantea fortalecer la atención primaria, formalizar el talento humano, crear un mecanismo de crédito especial para el sector y establecer nuevas fuentes de financiación.
Las senadoras advirtieron que la propuesta del Gobierno Petro busca concentrar 32 funciones en la Adres, lo que, a su juicio, podría generar riesgos de corrupción. En contraste, la ponencia alternativa “reduce esa concentración y limita sus funciones”. De este modo, la iniciativa presentada aspira a convertirse en la opción que logre las mayorías necesarias en la Comisión Séptima del Senado para que el proyecto avance al tercer debate.
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