El viernes 19 de septiembre de 2025 se hizo efectiva la captura de Héctor Rangel, exalcalde de Apartadó, junto a otras cuatro personas, lo que generó conmoción en el municipio antioqueño.
La detención está relacionada con una investigación por el presunto desfalco de más de $3.500 millones de los fondos municipales.
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Las autoridades llevaron a cabo la operación en la que Rangel y los otros implicados fueron privados de la libertad. No se han divulgado detalles adicionales sobre los procedimientos judiciales.
En la Alcaldía de Apartadó, la principal hipótesis vincula la detención con la desaparición de una suma millonaria de fondos públicos, detectada durante el proceso de empalme entre la administración saliente y la entrante. El secretario de Gobierno, Rubiel Montes, informó en rueda de prensa: “Iniciamos el proceso de empalme, hemos encontrado que de las arcas del municipio se hurtaron $3.554 millones”.
Rangel permanece a disposición de la justicia, que deberá determinar si procede su reclusión preventiva mientras avanza la investigación. El proceso judicial sigue en curso, con la expectativa de que se esclarezcan tanto el destino de los recursos sustraídos como las responsabilidades individuales de los implicados.
Mecanismo del desfalco y hallazgos de la Contraloría
El informe presentado por Montes detalló que el desfalco se realizó mediante 50 transferencias bancarias a lo largo de 324 días, periodo en el que Apartadó tuvo tres mandatarios: uno elegido por voto popular y dos designados temporalmente tras la suspensión del titular.
Montes explicó que para efectuar estos pagos se omitieron todos los requisitos legales de contratación, como la existencia de contratos, planillas de aportes a seguridad social, informes de actividades y supervisión, así como las evidencias de ejecución. “Todo esto lo obviaron, pagaron con una hojita”, afirmó el funcionario, que añadió que los responsables crearon cuentas en el sistema y realizaron los pagos sin ningún soporte documental.
Tras la denuncia de la actual administración, la Contraloría inició una investigación que en junio ya había arrojado resultados preliminares: 13 hallazgos administrativos y nueve de carácter disciplinario, penal y fiscal.
Los primeros recursos perdidos, según la denuncia, sumaron $2.280 millones, transferidos sin soporte entre el 1 de enero de 2024 y el 22 de enero de 2025. Posteriormente, se reportó la pérdida de $519 millones adicionales entre el 23 de enero y el 17 de febrero de 2025, periodo en el que el municipio estuvo bajo la dirección de un alcalde encargado por la Gobernación de Antioquia, tras la destitución de Rangel por doble militancia.
Contexto político y proceso electoral
El contexto político de Apartadó ha estado marcado por la inestabilidad y la controversia. La destitución de Rangel se produjo luego de que el Consejo de Estado anulara su elección por incurrir en doble militancia, al recibir el apoyo del partido Independientes y contar con el aval de la coalición del Partido Liberal.
Esta decisión llevó a la realización de una jornada electoral atípica el 6 de abril de 2025, en la que participaron 42.379 ciudadanos. Aunque el preconteo de la Registraduría Nacional dio como ganador a Rangel, un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, emitido el 4 de abril, lo inhabilitó para participar en los comicios, generando incertidumbre sobre la legalidad de su candidatura y la validez de los resultados.
El equipo jurídico de Rangel argumentó que la competencia para decidir sobre la inscripción correspondía al Consejo Nacional Electoral, no al tribunal administrativo. La Registraduría reportó que Rangel obtuvo aproximadamente 19.962 votos, equivalentes al 47,7% del total, aunque la confirmación oficial del ganador quedó pendiente del escrutinio formal.
En medio de la incertidumbre, Rangel celebró los resultados preliminares y expresó en su cuenta de X: “Hoy más que nunca sentimos el orgullo de pertenecer a esta tierra luchadora, que no se rinde y que alza la voz con respeto y valentía. Ahora esperamos que los órganos competentes garanticen un escrutinio transparente, justo y en total legalidad”.
El origen de la controversia se remonta a la demanda presentada por John Jairo Aristizábal, que señaló que Rangel, candidato de la coalición Unidos por la Vida —integrada por el Partido de la U, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), el Partido Colombia Reciente, Alianza Verde y Alianza Social Independiente (ASI)—, también habría pactado acuerdos con el Partido Liberal y el Partido Independientes, liderado por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Según Aristizábal, estos acuerdos implicaban el apoyo recíproco entre Rangel y los candidatos de dichos partidos a nivel local y seccional.
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