Deudores del Icetex presionan al Gobierno: estos son los puntos clave de sus exigencias

El reclamo de miles de jóvenes endeudados con el Icetex vuelve a estar sobre la mesa. En una carta dirigida al Gobierno nacional, un grupo de estudiantes en representación de 234.000 deudores pidió que no se siga postergando el segundo debate en la Cámara de Representantes de la reforma a la entidad. La petición llega tras meses de inconformidad por la eliminación del subsidio a la tasa de interés, una medida que, según denuncian, disparó las cuotas a niveles insostenibles.

Los testimonios que acompañan la carta hablan por sí solos, hay casos documentados de incrementos del 93% y de cuotas que pasaron de un mes a otro a bordear los dos millones de pesos. Para los jóvenes, lo más grave no es solo el impacto económico, sino la manera en que la entidad manejó la comunicación. En sus palabras, es una relación “deshumanizante y poco asertiva”, marcada por mensajes impersonales y la sensación de que sus reclamos no son escuchados.

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El trasfondo de la molestia se remonta a finales de febrero de 2025, cuando el Icetex anunció que dejaría de cubrir los puntos adicionales de las tasas de interés. Este subsidio, vigente desde 2010, había sido un alivio para estudiantes de estratos bajos o clasificados en el Sisbén, pues permitía acceder a un crédito a largo plazo con cuotas calculadas sobre el IPC sin recargos. Con su eliminación, más de 140.000 jóvenes quedaron expuestos a intereses que, dependiendo del plan de financiación, pueden alcanzar entre el 12,2% y el 17,2%.

La situación se vuelve aún más clara con un ejemplo, en 2023, tras una inflación de 13,1% en 2022, quienes no contaban con el subsidio tuvieron que pagar el IPC sumado a los puntos adicionales de su crédito, lo que llevó sus intereses hasta un 25,1%. Ese desbalance era cubierto en parte por el Ministerio de Educación, que giraba recursos al Icetex para sostener las tasas, pero hoy ese esquema desapareció.

Ante este panorama, la carta enviada por los estudiantes reclama coherencia con la normatividad vigente, que ordenaba mantener el subsidio para quienes pertenecen a estratos 1, 2 y 3. “Exigimos que se acuerde un texto que proteja el derecho a la educación y garantice sostenibilidad”, escribieron los firmantes, cuestionando además el concepto desfavorable que el Ministerio de Hacienda emitió sobre la iniciativa.

Entre las propuestas concretas, los promotores del debate plantean establecer un tope a las tasas de interés (IPC + 2 puntos), prohibir la capitalización de intereses, eliminar los abonos preferentes a capital y fijar un límite al monto total que un estudiante puede pagar, máximo una vez y media lo que recibió prestado, incorporando mecanismos de revisión periódica para ajustar estos parámetros según la coyuntura económica. La discusión, sin embargo, no se queda en la queja ni en denuncias aisladas.

El Proyecto de Ley 587 de 2025, impulsado por la representante Catherine Juvinao, busca dotar al Icetex de un carácter más social y menos financiero, orientando su acción hacia la equidad y la permanencia en la educación superior. La idea es que tenga su propio renglón dentro del Presupuesto General de la Nación y que los recursos destinados a la entidad crezcan al ritmo del presupuesto de la educación pública, asegurando estabilidad y proyección a largo plazo.

Con ello se garantizarían beneficios como los subsidios de sostenimiento, la condonación por graduación o excelencia y, sobre todo, la compensación del IPC cuando la inflación supere los dos dígitos, evitando que los usuarios pierdan capacidad de pago frente a alzas prolongadas. “No es para sacarle plata a los estudiantes, sino para ayudarlos a acceder a la educación superior. El crédito educativo se convertirá en un crédito educativo social”, explicó Juvinao.