La suspensión provisional del concurso de méritos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha abierto un debate sobre la igualdad de acceso a cargos públicos en el sector agropecuario de Colombia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó detener temporalmente el proceso tras admitir una acción popular que denuncia la exclusión de ingenieros agrónomos de varios cargos, lo que podría afectar derechos colectivos fundamentales.
La medida cautelar, decretada por la Sección Primera del Tribunal bajo la ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso, responde a la admisión de una demanda presentada por la Veeduría Nacional del Mérito y de la Carrera Administrativa.
Esta acción se dirige contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), el ICA y la Universidad Libre de Colombia, y alega que la convocatoria del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional No. 2517 de 2023 – Nación 6 vulneró derechos colectivos al excluir a profesionales en ingeniería agronómica de varios cargos de nivel universitario y especializado.
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“El Despacho considera apropiada la suspensión provisional de urgencia (artículo 234, Ley 1437 de 2011) del proceso de selección dada la inminencia de la siguiente fase que consiste en la elaboración de la lista de elegibles, circunstancia que de producirse generará una situación difícilmente reversible”, señala el auto.
Los accionantes sostienen que la ingeniería agronómica estaba contemplada en las fichas técnicas de los empleos ofertados y que la profesión cuenta con reconocimiento oficial.
Según su argumento, la exclusión de estos profesionales desconoce la idoneidad de una carrera directamente vinculada con la misión institucional del ICA y reconocida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieros Agrónomos (Copnia).
El Tribunal identificó una incongruencia entre el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del ICA y la información registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).
Esta discrepancia llevó a la Universidad Libre de Colombia, encargada de la logística del concurso, a inadmitir a los aspirantes con títulos en ingeniería agronómica, lo que motivó la intervención judicial.
En el auto de 29 páginas, el despacho del magistrado Lasso consideró urgente la suspensión provisional del proceso, dada la inminencia de la siguiente fase, que consistía en la elaboración de la lista de elegibles.
El Tribunal advirtió que, de continuar el concurso, se podría consolidar un perjuicio de difícil reversión, ya que el proceso se encontraba en la etapa de valoración de antecedentes, próxima a la conformación de listas de elegibles.
La decisión afecta un concurso que ofrecía 667 vacantes, de las cuales alrededor del 25% correspondían a cargos relacionados con la ingeniería agronómica.
El Tribunal subrayó la importancia de proteger el acceso a la carrera administrativa en el ICA, especialmente en un contexto donde la exclusión de una profesión clave podría tener repercusiones en la institucionalidad, la seguridad alimentaria y la protección ambiental.
Entre las consideraciones del auto, se destaca que la medida busca salvaguardar los intereses generales y evitar que se materialice un daño irreparable a los derechos colectivos de moralidad administrativa, igualdad y transparencia.
El Tribunal enfatizó que la situación desconocía la idoneidad de una profesión esencial para la misión del ICA.
El propio ICA, según la decisión judicial, había advertido la necesidad de suspender el proceso ante el posible impacto negativo en la estructura institucional, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente, lo que refuerza la gravedad de las consecuencias que podría acarrear la exclusión de los ingenieros agrónomos en el desarrollo del concurso.
“La acción popular es el mecanismo judicial idóneo para hacer exigibles los derechos o intereses colectivos y/o para evitar su daño contingente, cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio que pueda recaer sobre ellos o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”, se lee en el texto.
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