La Corte Constitucional de Colombia ha concedido una prórroga final a la Cámara de Representantes para entregar las actas correspondientes a los días 27 y 28 de junio, documentos clave en el proceso de revisión de la reforma pensional.
La decisión, adoptada el 16 de septiembre de 2025, establece como fecha límite el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 5:00 p.m., y advierte de manera enfática que no se otorgarán más extensiones para cumplir con este requerimiento.
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El alto tribunal tomó esta determinación en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 2381 de 2024, que regula el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.
La demanda, interpuesta por la ciudadana Paloma Susana Valencia Laserna, señala presuntos vicios de trámite en la aprobación de la ley, específicamente la omisión del debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, así como la supuesta incompatibilidad de los artículos 84.5 y 93 con el artículo 48 de la Constitución.
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Durante el proceso, la Corte Constitucional, bajo la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, identificó un vicio de procedimiento en el trámite legislativo de la norma.
En respuesta a este hallazgo, el tribunal requirió a la Cámara de Representantes la entrega de las actas de las sesiones mencionadas, con el fin de determinar si el defecto procesal pudo haberse subsanado en esas fechas.
La información solicitada, que la Corte exige desde el 22 de julio de 2025 y ha reiterado en autos posteriores, resulta fundamental para esclarecer si el trámite legislativo de la reforma pensional cumplió con los requisitos constitucionales.
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El tribunal ha dejado claro que la solicitud no constituye un nuevo requerimiento, sino la insistencia en la entrega de documentos previamente demandados y aún pendientes.
La resolución judicial establece de manera precisa que la Cámara de Representantes dispone de un plazo definitivo hasta el 19 de septiembre de 2025 a las 5:00 p.m. para remitir la totalidad de la información requerida. La Corte ha reiterado que este término es improrrogable y que no se considerarán nuevas solicitudes de extensión, subrayando la importancia de cumplir con los tiempos procesales establecidos.
En este proceso intervienen la Corte Constitucional, la Cámara de Representantes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar como ponente y la ciudadana Paloma Susana Valencia Laserna en calidad de demandante. El caso se tramita conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 2067 de 1991, que regula los procedimientos de control de constitucionalidad en Colombia.
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El tribunal ha recordado que los servidores públicos tienen la obligación legal de colaborar con la Corte Constitucional, y que el incumplimiento de este deber puede acarrear las sanciones previstas en la normativa vigente.
Reforma pensional de Petro en suspenso por falta de actas
La Reforma Pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo obstáculo tras la solicitud de la Cámara de Representantes a la Corte Constitucional para extender el plazo de entrega de las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio.
Esta documentación es clave para determinar si se corrigieron los procedimientos legislativos de la Ley 2381 de 2024, que establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte.
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La falta de estos documentos ha provocado un retraso de casi tres meses en el proceso, manteniendo en suspenso la revisión de la reforma. La Corte Constitucional considera indispensable la certificación de las actas para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 841 de 2025.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar advirtió que la ausencia de estos elementos “impide a esta Corte contar con un acervo probatorio completo y fidedigno”, lo que ha frenado la evaluación de la constitucionalidad de la ley, prevista para entrar en vigor en julio de 2025.
El origen del conflicto se remonta a la demanda de la senadora Paloma Valencia, quien denunció presuntos vicios de procedimiento en la aprobación de la reforma, señalando que la Cámara omitió debates reglamentarios. Tras identificar un vicio, la Corte ordenó subsanar el trámite, lo que llevó a la convocatoria de las sesiones extraordinarias ahora bajo revisión.
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