Mientras persisten los debates sobre la posible descertificación de Colombia en materia de lucha antidrogas por parte de Estados Unidos, el congresista Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, puso en duda la eficacia de las certidumbres internacionales sobre narcotráfico y llamó la atención sobre las consecuencias de las políticas represivas vigentes.
“Colombia no necesita certificación de drogas, necesita legalización de drogas”, manifestó Ocampo, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
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El congresista afirmó que los esfuerzos represivos de las últimas décadas no han logrado frenar el flujo ilícito de cocaína ni la violencia asociada en diversos continentes.
Ocampo sostuvo: “A pesar de décadas de políticas represivas, el mundo sigue enfrentando carteles, violencia y grupos ilegales tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa. La venta ilegal de cocaína no ha disminuido”.
De acuerdo con el parlamentario, la ilegalidad genera precios elevados para la droga y perpetúa la existencia de organizaciones criminales transnacionales.
Al detallar el impacto económico, Ocampo señaló que “un kilo (de cocaína) sigue alcanzando valores exorbitantes en el mercado internacional, cerca de 20.000 dólares en EE. UU. y 35.000 euros en Europa, mientras su costo de producción en Colombia es bajo”.
El representante destacó que “el precio alto no lo genera la hoja de coca ni el proceso de producción, sino la ilegalidad”, enfatizando que el contexto prohibicionista resulta contraproducente y estimula la rentabilidad del negocio ilícito.
La preocupación por el cambio en los patrones de consumo también fue tema central en su pronunciamiento. Ocampo alertó sobre el avance en la presencia y el uso de drogas más peligrosas, como el fentanilo, que ha provocado la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Ocampo también mencionó el aumento de riesgos asociados al consumo de cocaína adulterada, incluida la mezcla con fentanilo, lo que acentúa los desafíos de salud pública en Colombia y a nivel global.
Finalmente, el congresista hizo un llamado para que Estados Unidos replantee su estrategia, tal como ha ocurrido con la regulación del mercado del cannabis en varios estados.
A juicio de Ocampo, la única alternativa eficaz para enfrentar la violencia, el lavado de activos, los cárteles y el alto costo social de la actual política es “la legalización y regulación del consumo de cocaína y otras sustancias en el mundo”.
Colombia corre riesgo de ser descertificada
La certificación (o certificación antidrogas) de EE. UU. es un mecanismo regulado por leyes estadounidenses como la Foreign Assistance Act, que obliga al presidente de EE. UU. a evaluar anualmente si los países que reciben ayuda militar, económica o cooperación cumplen ciertos criterios en la lucha contra el narcotráfico.
Si un país no cumple, puede ser “descertificado”, lo que implica la posible suspensión de asistencia externa, sanciones comerciales, problemas en el acceso a préstamos internacionales, entre otros efectos.
Colombia está bajo la lupa este año porque, según diversas fuentes —entre ellas la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) y medios de prensa nacionales—, hay inquietud en Washington de que el país no esté logrando metas suficientes, sobre todo en la reducción de cultivos ilícitos de coca, la interdicción eficaz, la persecución penal, la extradición y el cumplimiento de estándares de derechos humanos relacionados.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha reconocido oficialmente que la descertificación es una posibilidad, aunque la consideran un escenario hipotético, y afirman que están trabajando para evitarla.
Si EE. UU. decide finalmente descertificar a Colombia, los efectos podrían ser importantes. AmCham ha estimado que podrían perderse alrededor de USD453 millones en ayudas de distintos tipos: asistencia social, cooperación en seguridad, programas contra crimen organizado, y apoyo a la fuerza pública.
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