El hallazgo de fentanilo en poder de la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas Farc, ha encendido nuevas alertas sobre el tráfico de sustancias controladas en el oriente de Colombia, particularmente en el departamento de Arauca, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales.
De acuerdo con información obtenida por la revista Semana de fuentes de inteligencia estatal, la incautación de este poderoso alucinógeno revela un mecanismo sofisticado de desvío de medicamentos, originalmente destinados a uso hospitalario, hacia manos de actores armados irregulares.
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El decomiso reciente de un lote de fentanilo registrado oficialmente ante Invima, durante una operación militar en la zona, ha provocado la apertura de varias líneas de investigación tanto administrativas como penales.
Un oficial consultado por el diario nacional detalló que “ese lote de fentanilo que se encontró tiene registro Invima de Colombia y estamos buscando su trazabilidad. Y es un medicamento muy difícil y complejo de conseguir en Colombia, además, porque la regulación del Ministerio de Salud dice que solo se puede suministrar en hospitales con seguimiento y, lógicamente, con fórmula médica”.
Las pesquisas apuntan a la posible filtración del opioide desde hospitales del departamento, facilitado por canales clandestinos que estarían permitiendo atender a integrantes heridos de los grupos armados y, simultáneamente, alimentar el consumo ilegal y su comercialización en el mercado negro.
Cada ampolla de fentanilo puede alcanzar un valor de hasta 500.000 pesos en el mercado ilícito, informaron las autoridades a Semana, lo que transforma su traslado y venta en una operación de alta rentabilidad para las organizaciones criminales.
Los agentes de inteligencia trabajan actualmente en el rastreo del número de lote a través de los sistemas de control, con el objetivo de identificar el hospital de Arauca o de otra región del país originalmente responsable del medicamento.
Representantes de las agencias del Estado han expresado su preocupación por las graves implicaciones de este fenómeno. Según otra fuente citada por Semana, “vamos a iniciar una investigación con la Fiscalía, porque parece ser que hay un hospital puntual del departamento que es el que está dándole estos medicamentos a la guerrilla para que atiendan a los heridos que tienen en combates contra las disidencias de Mordisco, el ELN y el Ejército”.
La dinámica revela, además, cómo la ilegalidad busca no solo abastecerse de armamento, sino también de insumos médicos de uso restringido, con el fin de mejorar la atención de sus integrantes y así prolongar los enfrentamientos.
La comparación con el trazado de munición decomisada resulta inevitable para los investigadores oficiales. “Eso es como cuando hay munición: encuentran munición en poder de esos bandidos y empiezan a hacer la trazabilidad a ver de qué unidad son esos cartuchos. Lo mismo, como tienen el lote, empiezan a hacer el seguimiento para mirar de dónde salió“, explicó el militar encargado del seguimiento a estos grupos armados.
Las autoridades reportan que la circulación ilegal del fentanilo no solo atiende a las necesidades médicas de los ilegales, sino que refuerza la cadena de consumo local, con bandas abasteciendo a jóvenes de Arauca y otras zonas del país.
“Sabemos que en los trayectos de entrada y salida están aprovisionando a las bandas locales que están comercializando con jóvenes de Arauca y otras zonas del país para el consumo de este medicamento que es más fuerte que la misma morfina y causa gran adicción en las personas”, afirmó otra fuente vinculada a la inteligencia, según recoge el diario nacional.
El control y la auditoría de medicamentos en centros hospitalarios emergen como tareas prioritarias, ya que, según analistas citados por el medio, “están pasando medicamentos a la guerrilla para que atiendan a los heridos que dejan los combates y así sigan haciendo y deshaciendo aquí en Arauca”. La investigación incorpora tecnología avanzada para el rastreo de los movimientos de fentanilo hacia y desde Venezuela, dado que la zona fronteriza permanece con escaso control y alta actividad delictiva en ambos sentidos.
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