El concejal de Bogotá Andrés Barrios exigió claridad y justicia en la investigación sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, en medio de la controversia desatada por las recientes intervenciones públicas del presidente Gustavo Petro.
En una declaración publicada en su cuenta de X, el cabildante condenó la actitud del jefe de Estado y alertó sobre el impacto negativo que las afirmaciones del mandatario tienen sobre la autonomía de la justicia y la protección de la familia de la víctima.
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El reclamo de Barrios surgió luego de que Petro divulgara distintas hipótesis ante la opinión pública, generando múltiples cuestionamientos entre sectores políticos y judiciales. La injerencia del presidente de la República en el caso avivó el debate sobre los límites del poder ejecutivo en el curso de investigaciones sensibles.
“Colombia exige verdad, justicia y respeto por la memoria de quien entregó su vida por esta nación”, expresó Barrios en la red social, en la que también compartió un video en el que amplió su advertencia.
“La intromisión del presidente de la República en la investigación, señalando unos responsables sin ningún tipo de pruebas, es una amenaza real, directa a la independencia de nuestra justicia y todo un riesgo para la familia de Miguel”, afirmó el concejal.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay sacudió la vida política de Colombia y dejó abierta una brecha sobre el papel de los poderes públicos en la protección de la democracia. “No permitiremos que el poder silencie la verdad y mucho menos que la manipule”, sentenció Barrios en sus redes.
El origen de la polémica
Según El Colombiano, la investigación sobre el magnicidio de Uribe gira en torno a dos organizaciones criminales: La Zaga, con operaciones en Engativá y dedicada al tráfico de drogas y el sicariato, y la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc comandada por Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”), con influencia en Venezuela.
Hasta la fecha, las autoridades han capturado siete sujetos ligados al caso, la mayoría parte de la logística o el círculo directo de ejecución, pero no han identificado a los autores intelectuales.
Entre los detenidos se encuentran Harold Daniel Barragán Ovalle (“Harold”) y Elder Arteaga Hernández (“el Costeño”), presuntos responsables del reclutamiento de los autores materiales. Las autoridades mantienen la hipótesis de una cooperación entre ambas estructuras armadas, aunque la ausencia de capturas de alto perfil mantiene abiertos múltiples interrogantes.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro generaron un ambiente de incertidumbre. Petro mencionó públicamente posibles nexos de la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico, así como la implicación de organizaciones internacionales, incluida la Segunda Marquetalia.
También sugirió la responsabilidad de otros sectores, como adversarios políticos, entre quienes mencionó al excanciller Álvaro Leyva, citando supuestos vínculos con las disidencias de las Farc.
Pese a la gravedad de estas afirmaciones, la ausencia de pruebas concretas llevó a críticas desde la Fiscalía y los organismos investigadores, que destinaron tiempo y recursos para seguir cada una de las líneas planteadas desde el Ejecutivo. De acuerdo con El Colombiano, el efecto inmediato es la ralentización de la investigación y una creciente desconfianza entre los equipos de la Dijín y el CTI.
Las tensiones institucionales se agudizaron. Por orden presidencial, se instaló un puesto de mando unificado en la sede de la Policía, con participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que llevó a la fiscal general Luz Camargo a exigir que las reuniones sobre el caso se realicen bajo la dirección de la Fiscalía.
Camargo rechazó también la propuesta de Petro de recibir una comisión internacional de la ONU para el caso. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, optó por la cautela y aseguró que “todas las líneas investigativas están abiertas”.
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