Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

El reciente secuestro de militares en la vereda Los Tigres, ubicada en el municipio de El Tambo (Cauca) ha puesto de manifiesto una compleja estrategia de instrumentalización de comunidades campesinas.

Este episodio representa un nuevo punto crítico en la crisis de orden público que afecta al suroccidente colombiano, donde la seguridad y los derechos humanos se ven amenazados por la convergencia de intereses armados y la vulnerabilidad social.

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El operativo militar, denominado ‘Operación Perseo’, tenía como objetivo recuperar el control de un corredor estratégico para el narcotráfico en el Cañón del Micay.

Durante la intervención, aproximadamente seiscientos habitantes rodearon y retuvieron a los soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4. De acuerdo con información de El Tiempo, la presión ejercida por la comunidad, instrumentalizada por las disidencias, derivó en el secuestro de 72 militares.

Aunque 27 de ellos fueron liberados tras la mediación de organismos humanitarios, 45 permanecieron retenidos durante varias horas, hasta que finalmente se completó su evacuación bajo custodia militar.

Detrás de este episodio se encuentra Edwar Rubiano Álvarez, conocido como alias Jimmy. Según inteligencia militar citada por Blu Radio, este hombre se presenta públicamente como presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Tigres y secretario de la Asociación Campesina de El Tambo.

Sin embargo, las autoridades lo identifican como un actor clave dentro de las Redes de Apoyo a la Estructura Residual (Raer) de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Quién es alias Jimmy

Información de inteligencia mencionan que su doble rol le ha permitido ganar influencia sobre las comunidades del Cañón del Micay, facilitando la organización de protestas, bloqueos y asonadas que obstaculizan las operaciones del Ejército en la región.

La influencia de alias ‘Jimmy’ no se limita a la reciente retención de militares. Según El Tiempo, su papel ha sido determinante en la consolidación de una estrategia que utiliza a la población civil como escudo para frenar la acción de la Fuerza Pública.

Esta modalidad, lejos de ser un hecho aislado, responde a una táctica recurrente de las disidencias de las Farc y otros grupos armados, que buscan mantener el control de corredores clave para las economías ilícitas, especialmente el tráfico de cocaína.

Asonadas y cifras oficiales en 2025

Las cifras oficiales del Ministerio de Defensa, recogidas por Blu Radio, ilustran la magnitud del fenómeno: en lo que va de 2025 se han registrado 33 asonadas en todo el país, de las cuales 25 ocurrieron en el suroccidente colombiano.

El Cauca encabeza la lista con 15 episodios, seguido de Nariño con 9 y Valle del Cauca con 1. Otras regiones afectadas incluyen Guaviare, Huila, Putumayo, Caquetá y Meta.

Esta tendencia evidencia la consolidación de las asonadas como una de las principales estrategias para obstaculizar las operaciones militares y proteger las rentas ilícitas de los grupos armados.

Restricciones legales y análisis de expertos

El fenómeno de la instrumentalización de comunidades plantea un desafío considerable para la Fuerza Pública, que opera bajo estrictas restricciones impuestas por el Derecho Internacional Humanitario.

Según lo reportado por El Tiempo, los militares no pueden responder contra civiles, incluso cuando estos actúan bajo presión de grupos armados ilegales. Solo pueden emplear la fuerza en enfrentamientos con combatientes ilegales plenamente identificados, lo que limita su capacidad de reacción y explica, en parte, la efectividad de la estrategia de las disidencias.

Expertos en conflicto armado, como Germán Valencia, advierten que la persistencia de este fenómeno está ligada a la falta de alternativas estatales para la población campesina, que a menudo depende de las economías ilícitas para subsistir.

“Los campesinos hacen parte de las dinámicas ilícitas de la región, pues en muchos casos son las únicas herramientas de sobrevivencia. Si el Estado no ofrece alternativas integrales, el proceso será más complejo”, señaló Valencia en diálogo con el diario bogotano.

Antecedentes y acciones de la Fiscalía

Los antecedentes de asonadas en la región refuerzan la gravedad de la situación. En junio de 2025, 57 militares fueron retenidos durante varias horas en la vereda La Hacienda, también en El Tambo, lo que obligó al Gobierno Nacional a desplegar altos mandos militares y ministros para garantizar su liberación.

Otros episodios recientes, como el ocurrido en Putumayo, donde tres uniformados resultaron quemados, subrayan la peligrosidad de estas acciones y la urgencia de una respuesta integral.

Actualmente, la Fiscalía avanza en la investigación para individualizar a alias Jimmy y desarticular la estructura Carlos Patiño, así como para esclarecer los hechos relacionados con las asonadas.

Según información de Blu Radio, las autoridades mantienen el foco en Los Tigres, donde la convergencia de intereses armados y la instrumentalización de la población continúan desafiando la acción del Estado.

En este escenario, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) ha planteado la necesidad de fortalecer la capacidad de defensa de la Fuerza Pública, entendida no solo como una cuestión operativa, sino como un principio esencial para la protección de la institucionalidad y la seguridad nacional.