Estos documentos ya no pueden exigir arrendadores e inmobiliarias al momento de alquilar un inmueble

El mercado de los arriendos en Colombia ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, consolidándose como una de las principales opciones para acceder a vivienda.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca de 7,3 millones de hogares habitan en predios arrendados, lo que refleja el impacto que tiene en la vida de millones de familias y en la economía del país.

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Con el aumento de la demanda, también han surgido inquietudes entre quienes buscan alquilar un inmueble, especialmente relacionadas con los documentos que exigen los propietarios o las inmobiliarias.

La finalidad de estas solicitudes es verificar la identidad y la capacidad económica de la persona interesada, ofreciendo respaldo tanto a arrendadores como a arrendatarios.

Entre los documentos habitualmente requeridos se encuentra la copia del documento de identidad para ciudadanos colombianos y la cédula de extranjería vigente en el caso de los extranjeros. A ello se suma la certificación laboral, con fecha de expedición no mayor a 30 días, en la que debe detallarse el cargo, el salario y la antigüedad en la empresa. También son comunes los desprendibles de nómina o, de no contar con ellos, los extractos bancarios de los últimos tres meses.

En el caso de los trabajadores independientes, los requisitos cambian. Para este grupo, suele pedirse el Registro Único Tributario (RUT) o el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. Algunas inmobiliarias también solicitan la declaración de renta, aunque no es una obligación en todos los casos. Los pensionados, por su parte, deben presentar el certificado de ingresos por pensión junto con extractos bancarios que evidencien los pagos recibidos recientemente.

Sin embargo, existen límites legales sobre la documentación que puede ser requerida en un contrato de arrendamiento. En ese sentido, hay papeles que no pueden ser solicitados.

Según lo señalado por Valora Analitik, cuando se trata de ciudadanos extranjeros, los propietarios no están facultados para exigir el pasaporte como medio de identificación, debido a que este no tiene validez para suscribir contratos de arrendamiento. La normativa establece que únicamente la cédula de extranjería vigente cumple con esa función.

Del mismo modo, los arrendadores o las inmobiliarias no están autorizados a pedir información que comprometa la privacidad de los interesados en arrendar un predio. Dentro de esta categoría se encuentran los datos médicos, el historial familiar o los extractos de productos financieros como las tarjetas de crédito. Este tipo de requerimientos no son pertinentes para definir una relación contractual y pueden constituir una vulneración a los derechos de los solicitantes.

La legislación colombiana regula el contrato de arrendamiento a través de la Ley 820 de 2003. Esta norma establece que dicho contrato debe formalizarse por escrito y detalla las condiciones generales que deben cumplirse para que exista claridad en las obligaciones de cada una de las partes. Así, tanto el arrendador como el arrendatario cuentan con un marco jurídico que protege sus intereses y garantiza seguridad durante la vigencia del acuerdo.

La aplicación de esta ley ha permitido definir con mayor precisión cuáles documentos son realmente necesarios y cuáles exceden lo estipulado. El propósito es que las relaciones de arriendo se desarrollen de manera transparente, sin que los arrendatarios se vean expuestos a solicitudes que no corresponden con lo legalmente exigido.

En la práctica, los papeles básicos continúan siendo los relacionados con la identificación oficial, los soportes de ingresos y la verificación de capacidad de pago. Estos requisitos buscan que el arrendador tenga un respaldo ante posibles incumplimientos y que el arrendatario cuente con un marco claro de obligaciones. No obstante, la normativa deja explícito que la documentación no puede incluir datos sensibles ni exigencias adicionales que afecten la privacidad de las personas