Proyecto busca reformar la Ley seca durante las jornadas electorales en Colombia

Las medidas para el desarrollo de las jornadas electorales en Colombia incluyen el decreto de la denominada “Ley Seca” en el país que limita la comercialización y distribución de bebidas alcohólicas, con el fin de evitar alteraciones del orden público producto de la ingesta de licor durante las jornadas electorales.

La medida aplica desde las 6:00 p. m. del día anterior a la jornada electoral hasta las 6:00 a. m. del día siguiente a los comicios, es decir, son en total 36 horas de restricción que garantizan el correcto desarrollo de las elecciones en el país. No obstante, esta normativa podría sufrir modificaciones de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2026.

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Un proyecto radicado por los congresistas del partido liberal Alejandro Vega, Carlos Ardila y Carlos Felipe Quintero busca reformar la medida para que no suscite un golpe en las finanzas de los comercios que se dedican a esta actividad y que se ven afectados en los años electorales en los que varios fines de semana son objeto de jornadas electorales.

La iniciativa busca que la medida que puede ser decretada por el mandatario nacional y los locales no se extienda por más de 12 horas, siempre y cuando su aplicación no sea producto de alteraciones del orden público que atenten contra la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Dicho punto del proyecto legislativo incluye las jornadas electorales, en las que establece que regirá a partir de dos horas antes de la apertura de las urnas hasta dos horas después del cierre de las mismas. En este sentido, la restricción aplicará únicamente el día de los comicios de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. en condiciones normales en las que las urnas abren a las 8:00 a. m. y cierran a las 4:00 p. m.

La iniciativa fue radicada por los congresistas que argumentaron que la ley seca no constituye una medida formal que es respetada por los ciudadanos, sino que es un acto administrativo que, en su opinión, sacrifica ingresos, empleos y cadenas productivas sin que existan evidencias sólidas que respalden su eficacia.

A su vez, los legisladores señalaron que es indispensable para el sector productivo del país que se abra el debate en torno a la búsqueda de alternativas de política pública más equilibradas y capaces de fortalecer la seguridad sin destruir la productividad de un sector estratégico para la economía nocturna, la generación de empleo joven y la inclusión laboral de poblaciones vulnerables.

Bajo estos argumentos, la iniciativa busca además disminuir el incentivo a la economía informal de bebidas alcohólicas durante la aplicación de la ley seca cuando muchos establecimientos optan por operar clandestinamente durante el periodo de restricción, lo que dificulta el control y regulación por parte de las autoridades.

Según los congresistas autores del proyecto, limitar el tiempo de la ley seca podría reducir dicho fenómeno y facilitar un manejo más efectivo de la normativa por parte de las autoridades.

Otro punto importante que se expone en el debate es la comparación con otros países de la región donde las medidas sobre la venta y consumo de alcohol durante procesos electorales son más flexibles en países como Chile, Argentina, México y Brasil aplican restricciones más cortas, a menudo limitándolas a algunas horas del día de la votación o a ciertas zonas específicas.

Finalmente, la propuesta también enfatiza la necesidad de fortalecer otros mecanismos para garantizar la seguridad electoral. Para los congresistas, el enfoque para garantizar un proceso transparente y seguro debería ir más por la educación cívica, una fiscalización estricta y el respeto a las normas electorales, en lugar de mantener prohibiciones prolongadas que afectan la actividad económica y social.