El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) salió al paso de la polémica generada en redes sociales por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval, quien cuestionó la trayectoria académica de Juliana Andrea Guerrero, actual viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.
La congresista publicó información presuntamente relacionada con las pruebas de Estado que deberían figurar en el historial de Guerrero.
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A través de un comunicado, el Icfes precisó que los registros que circularon en medios y plataformas digitales no fueron entregados por la entidad. Según informó la institución, se inició un procedimiento interno con el propósito de establecer si su sistema de información pudo haber sido “hackeado, manipulado o alterado” y determinar si se vulneraron derechos fundamentales o disposiciones legales, tal como citó Blu Radio.
El organismo encargado de las evaluaciones educativas señaló además que, en caso de comprobarse una filtración o un uso indebido de la información, procederá a emprender las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de haber divulgado datos atribuidos al Icfes sin autorización.
La discusión pública comenzó cuando la congresista Pedraza cuestionó que Guerrero, de 23 años, no habría cumplido con los requisitos para obtener un título universitario. Según sus afirmaciones, la funcionaria no presentó las pruebas TyT, necesarias para programas tecnológicos, ni las Saber Pro, que constituyen requisito indispensable para graduarse como profesional en Colombia.
En la hoja de vida publicada en el portal de aspirantes y servidores públicos, Guerrero aparece con formación como contadora pública. Esta situación fue la base de los cuestionamientos hechos por Pedraza, quien hizo énfasis en que no encontró evidencia de los resultados de los exámenes de Estado exigidos para avalar ese título.
La respuesta del Icfes tuvo como finalidad aclarar que ninguna de las informaciones difundidas había salido oficialmente de sus bases de datos. La entidad reiteró que mantiene controles internos y sistemas de seguridad sobre los registros de evaluaciones, y que el proceso de revisión en curso busca verificar la integridad de la información y despejar cualquier duda sobre posibles irregularidades.
El debate cobró fuerza en el contexto de la reciente designación de Guerrero como viceministra, un nombramiento que la convirtió en una de las funcionarias más jóvenes en asumir un cargo de ese nivel dentro del Gobierno nacional. La polémica se intensificó porque la representante Pedraza difundió los señalamientos poco después de conocerse la posesión de la funcionaria, lo que atrajo la atención de la opinión pública hacia sus antecedentes académicos.
El Icfes enfatizó que sus sistemas de información son la fuente oficial para validar si un estudiante presentó y aprobó los exámenes de Estado. La entidad explicó que, para garantizar la confianza en esos datos, cuenta con mecanismos de trazabilidad, verificación y resguardo que impiden alteraciones sin registro. No obstante, el anuncio del proceso de indagación busca descartar por completo la posibilidad de fallas o manipulación externa.
En caso de confirmarse que los registros fueron adulterados o difundidos sin autorización, el Icfes advirtió que aplicará medidas legales para sancionar a los responsables. Según la institución, este tipo de incidentes no solo afecta a los estudiantes y profesionales involucrados, sino que también pone en riesgo la credibilidad de los procesos de evaluación educativa que administra en el país.
La representante Pedraza, por su parte, ha insistido en que los ciudadanos deben contar con claridad sobre los requisitos académicos de los funcionarios públicos y reiteró que en este caso persisten dudas frente a la información presentada por Guerrero. Las afirmaciones de la congresista han mantenido el tema en la agenda mediática, mientras la entidad educativa concluye las verificaciones internas.
El pronunciamiento oficial del Icfes subraya que todavía no hay conclusiones definitivas sobre la eventual manipulación de su sistema ni sobre la procedencia de la información que circula. La institución se comprometió a divulgar los resultados de la investigación una vez se tengan pruebas concretas.
Mientras tanto, la viceministra Guerrero no ha hecho declaraciones públicas frente a las denuncias ni sobre el proceso de revisión en curso. El Ministerio de Igualdad y Equidad tampoco ha emitido un pronunciamiento sobre el tema, limitándose a continuar con la agenda que la funcionaria tiene a su cargo.
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