El debate alrededor del proyecto de ley de financiamiento que cursa en el Congreso no se limita a los números fríos. Entre quienes siguen de cerca la propuesta se encuentran los bares y restaurantes que encendieron las alarmas y temen que las medidas incluidas, lejos de estimular el turismo y la economía nocturna, dos banderas del Gobierno, terminen por frenarlos.
Asobares, el gremio que agrupa a bares, gastrobares y restaurantes que operan hasta altas horas, aseguró haber dedicado varios días a revisar la iniciativa “con lápiz y papel en mano”. La conclusión, expresada en un pronunciamiento público, es contundente, varias disposiciones representan “un grave riesgo para la sostenibilidad” de los negocios del sector.
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La preocupación tiene sentido si se entiende que buena parte del turismo urbano en Colombia está hoy sostenida por la vida nocturna. La gastronomía, los espectáculos en vivo y el consumo en bares se consolidaron como motores de empleo formal y como ancla de visitantes, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. No obstante, las cargas tributarias que plantea el proyecto podrían, en palabras del gremio, alterar de raíz ese ecosistema.
Uno de los puntos más sensibles es el aumento de impuestos a bebidas alcohólicas. De acuerdo con Asobares, los licores, vinos y aperitivos, que ya pagan impuesto al consumo, pasarían a estar gravados también con un IVA del 19%. Ese cambio, explican, encarecería las bebidas en cerca de un 30%, golpeando tanto los márgenes de rentabilidad de los establecimientos como el bolsillo de los consumidores.
La advertencia no se limita a los tragos de mayor precio. Cervezas, refajos y mezclas fermentadas, productos de consumo masivo en bares y discotecas, tampoco saldrían bien librados. “Se establece un doble cobro, ya que se le agrega carga al componente específico por grado alcoholimétrico y un 30% ad valorem sobre el precio de venta”, denunció el gremio. Según sus cálculos, el incremento final en los precios podría acercarse al 35%, lo que pondría en jaque a un producto que mueve gran parte de la economía nocturna.
Más allá del impacto directo en las bebidas, las preocupaciones se extienden a otros sectores vinculados al entretenimiento. La propuesta incluye un gravamen del 19% a espectáculos y actividades culturales. La medida, de aprobarse, afectaría directamente a discotecas, que combinan música con venta de licor, y a escenarios dedicados a la música en vivo. “El gravamen del 19% a espectáculos y actividades culturales y de entretenimiento afectará directamente a discotecas (donde se vende también licor y cerveza), y escenarios que promueven la música y la cultura en vivo, encareciendo la boletería y reduciendo la afluencia de público”, advirtió el comunicado de Asobares.
El escenario descrito por el gremio no es menor. Un encarecimiento sostenido en la oferta nocturna tendría consecuencias inmediatas sobre el empleo. Miles de meseros, bartenders, cocineros, músicos, personal de seguridad y trabajadores de logística dependen de este circuito económico. El riesgo, señalan, es que los establecimientos opten por recortar personal o se vean obligados a aumentar precios a niveles que restrinjan el acceso de clientes, reduciendo así su capacidad de operación.
La contradicción, según el sector, está en que el Gobierno reiteró su intención de impulsar el turismo como motor económico, pero las medidas tributarias parecieran apuntar en dirección contraria. Para Asobares, bares, restaurantes y gastrobares no son simples expendios de licor, sino parte integral de la experiencia turística que atrae visitantes nacionales e internacionales. Encargarles cargas adicionales podría debilitar un segmento que, en los últimos años, mostró resiliencia frente a crisis económicas y sanitarias.
En un país donde el turismo representa ya más del 2% del PIB y donde la economía nocturna creció con fuerza, las voces de advertencia del gremio buscan abrir espacio para la discusión. El mensaje no es de resistencia a contribuir, sino de preocupación frente a un modelo que, de no ajustarse, podría traducirse en menor competitividad y en la pérdida de empleos formales en una industria clave.
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