Paloma Valencia alertó de posibles irregularidades en la ANT: “¿Qué hicieron con la plata"

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, denunció que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha “derrochado” grandes sumas de dinero en aspectos burocráticos, lo que se vería reflejado en la baja ejecución presupuestal de esta entidad a lo largo del Gobierno Petro.

De acuerdo con la también precandidata presidencial, esa entidad estaría disfrazando su verdadera gestión con cifras falsas de hectáreas de tierra entregadas a campesinos afectados por el conflicto armado, lo que estaría siendo presentado como un logro por la presidencia de la República.

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A través de su cuenta oficial de X, la congresista aseguró que durante el mandato de Petro la nómina de esa entidad ha incrementado un 715% por medio de funcionarios y contratista que, según Valencia, serían cuotas de Daniel Quintero, Carlos Amaya y de la estructura de Felipe Harman en el Meta.

Según lo expuesto por la aspirante a la Casa de Nariño, en 2023 esa entidad tuvo 5.785 funcionarios, pero en 2024 esta cifra llegó a los 12.102 y hasta junio de 2025 ya era de 6.214.

No obstante, lo que resulta relevante es que mientras el número de funcionarios supera y hasta triplica el de años anteriores, la ejecución ha descendido hasta números históricos que no superan el 30%. Según la congresista, en 2023 la ejecución llegó al 82%, pero en 2024 apenas superó el 21% y hasta junio de 2025, apenas llegó al 9%.

En este sentido, la precandidata cuestionó la gestión que esa entidad le estaría dando a los billonarios recursos que cada año les son asignados por la Administración gubernamental. Para 2024, el presupuesto llegó a los $4 billones, de los cuales solo se ejecutaron $804.902 millones.

“De los $4 billones que les asignaron para inversión en 2024, apenas ejecutaron $804.902 millones. ¿Qué pasó con los $3.2 billones restantes?“, cuestionó la congresista.

Los cuestionamientos a la ANT incluyeron las cifras de compra de tierras para ser entregadas a poblaciones afectadas por el conflicto armado, las cuales, según Valencia también ha registrado reducciones históricas que, incluso, superan la caída de la ejecución de los recursos.

De acuerdo con los datos expuestos en las redes sociales de la aspirante al primer cargo de la nación, en 2023 el 82% de los recursos destinados a este fin fueron empleados, mientras que en 2024 se llegó únicamente al 9% del presupuesto y hasta junio de 2025 se emplearon el 11% de los dineros contemplados.

Para la congresista, dicha caída en la ejecución de los recursos de la ANT obedece a que buena parte del presupuesto asignado por el Ejecutivo se estaría destinando a la organización de eventos en los que presentan logros que no existen.

Desde 2023, más de $84.500 millones de esta entidad se gastaron en la ejecución de cuatro contratos adjudicados a dedo a operadores logísticos para la realización de eventos en varias ciudades del país, cuyos contratos se han ido firmando sin terminar la ejecución del anterior.

Según la congresista, el último contrato de este tipo se firmó en diciembre de 2024 y su ejecución se extendió hasta el 30 de junio de 2025 con un valor de $20.000 millones. Para Valencia, esta conducta de la entidad constituiría una violación del principio de anualidad presupuestal.

Frente a este panorama, la senadora alertó que las cifras de hectáreas entregadas por el Gobierno sería inferior a la mitad de las 500.000 que fueron presentadas como un logro por el presidente Petro.

“Lo que está pasando con la Agencia de Tierras es gravísimo, no solamente porque le han dado cifras falsas al presidente o el presidente le está dando cifras falsas al país. Anunció que había entregado más de 500.000 hectáreas. Las cifras que nos responden por derecho de petición muestran que han entregado menos de la mitad y lo más grave, se ha aumentado la burocracia de manera sustantiva, afectando lo del erario público”, explicó la congresista.

Finalmente, la precandidata le hizo un llamado a los entes de control para que adelanten acciones de vigilancia a la ejecución de los recursos, dado que desde la entidad se están reportando la adquisición de tierras con valores muy superiores a los del mercado inmobiliario de cada región.

“Creo que los entes de control tienen que entrar ya a investigar lo que está pasando, porque hay muchas sospechas, entre otras cosas. Por ejemplo, compran tierra que ellos mismos evalúan. En el departamento del Cauca, donde todo está destruido, están pagando hectáreas a más de $70 millones”, sentenció.