El propio Gobierno lo reconoce en los documentos oficiales, los nuevos impuestos que propone para financiar el Presupuesto General de 2026 podrían elevar en 0,3 puntos la pobreza monetaria del país. Aunque la administración de Gustavo Petro aseguró que esta alza se compensará con programas de transferencias y ayudas sociales, la advertencia no ha pasado desapercibida.
En la letra pequeña del proyecto se señaló que los tributos indirectos —el IVA a combustibles, el aumento de gravámenes a bebidas alcohólicas y cigarrillos, entre otros— son los que más golpearán a los hogares con menos recursos. El cálculo es claro, mientras los hogares de mayores ingresos destinan apenas un 0,2% de su dinero al pago de estos impuestos, los más pobres podrían llegar al 2%.
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Las críticas no se hicieron esperar. “Un IVA a los combustibles significa más impuestos para el transporte público, los alimentos y la canasta familiar”, advirtió Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Y es que el impacto de gravar gasolina y Acpm con una tarifa progresiva de hasta el 19% terminaría afectando a todos los consumidores, no solo a quienes tienen vehículo.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, intentó enviar un mensaje de calma: “Calculamos que podría tener un efecto en el precio final de la gasolina de 466 pesos y de 256 pesos en el Acpm”.
El golpe también se sentirá en productos de consumo cotidiano. La reforma propone ajustar el IVA del 5 al 19% para cervezas, licores, vinos y aperitivos, al tiempo que plantea una fuerte alza en el impuesto a los cigarrillos. Según las estimaciones oficiales, el precio de estos últimos aumentaría hasta un 57,7%, mientras que los vapeadores subirían un 57,2%.
El Gobierno reconoció que estas medidas recaerán con más fuerza sobre los hogares pobres y vulnerables. De hecho, son ellos quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de alcohol y tabaco, lo que explicaría el aumento proyectado de la pobreza monetaria.
A las críticas sobre el impacto en la pobreza se suma el riesgo inflacionario. En la exposición de motivos se calcula que la reforma podría añadir 1,12 puntos porcentuales a la inflación de 2026. El golpe, nuevamente, sería más fuerte para los vulnerables (1,13 puntos) que para los hogares de mayores ingresos (1,08 puntos).
Los nuevos gravámenes al carbono y al consumo se ubican entre las principales causas de esta presión al alza. En el caso del impuesto al carbono, la tarifa subiría de 27.399 pesos a 42.069 pesos por tonelada de CO2eq, encareciendo aún más el transporte y la energía.
El Gobierno insistió en que “no se tocará a la clase media”, pero distintos sectores advierten lo contrario. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, aseguró que el impacto será transversal, desde boletas de conciertos que ahora pagarían 19% de IVA si superan los 500.000 pesos, hasta la inversión empresarial, que podría verse frenada por mayores costos de capital.
El comercio organizado, representado en Fenalco, también se pronunció. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, señaló que el aumento del impuesto al carbono y al combustible tendrá un efecto dominó en los costos logísticos y, en consecuencia, en los precios de la canasta familiar.
Con este paquete tributario, el Ejecutivo espera financiar 26,3 billones de pesos del presupuesto del próximo año. Pero mientras el Gobierno defiende la necesidad de aumentar la carga sobre los sectores con más capacidad, gremios y analistas advierten que el peso real lo sentirán los ciudadanos de a pie.
La discusión apenas comienza en el Congreso, pero ya está claro que la reforma tributaria de 2026 no será recordada solo por su ambición recaudatoria, también por el debate sobre su verdadero costo social, el riesgo de que más colombianos caigan en la pobreza.
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