La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que se realiza el miércoles 3 de septiembre en el Senado de la República, provocó un encendido debate jurídico y político, puesto que la votación definirá quién reemplazará a José Fernando Reyes, cuya salida del alto tribunal deja una silla clave para decisiones estructurales, como la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los tres aspirantes a este cargo son Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar, todos ternados por la Corte Suprema de Justicia.
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Lo que está en juego, según varios expertos, no es solo un nombramiento judicial. La elección puede alterar de forma radical el equilibrio de fuerzas en la Corte Constitucional; en caso de que Balanta, respaldada por el Gobierno, resulte electa, el Ejecutivo obtendría cinco votos a favor dentro del tribunal, lo que abriría la puerta a una serie de transformaciones profundas que requieren control constitucional.
El jurista Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, entregó su visión a Noticias RCN y a otros medios de comunicación, advirtiendo que el país podría quedar expuesto a una concentración de poder sin precedentes.
“Si el Gobierno Petro logra la mayoría en la Corte Constitucional, podrá convalidarse por esa vía las reformas tributarias que le plazcan en desmedro de los contribuyentes. Si el Gobierno Petro obtiene la mayoría en la Corte Constitucional, podrá darles paso a algunas de las reformas planteadas por la bancada de Gobierno, posibilidades de reelección indefinida del jefe de Estado. También asambleas nacionales constituyentes y resetear toda la institucionalidad colombiana”, señaló el experto.
Además, agregó a su análisis: “Si el Gobierno Petro obtiene la mayoría en la Corte Constitucional, también podrá convalidar cuanta reforma le plazca, así ellas sean abiertamente inconvenientes y, por qué no decirlo, de cara a nuestra actual constitución, abiertamente inconstitucionales”.
Herrera fue enfático al señalar que una Corte dominada por un bloque político podría perder su carácter contramayoritario y convertirse en una herramienta para validar decisiones que afecten a la ciudadanía sin controles reales. Para él, la autonomía del tribunal está en riesgo.
En esta misma línea, se pronunció el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, que destacó la trascendencia de este proceso, en entrevista con el medio informativo mencionado, afirmó que la Corte Constitucional representa la última instancia para la defensa de derechos fundamentales.
“Sin lugar a dudas, la Corte Constitucional es el lugar donde se debaten en última instancia muchas de las cuestiones que más nos afectan a los ciudadanos. Cuestiones como nuestros derechos, su contenido y alcances. Asuntos como una reforma tributaria, una reforma a la salud, una reforma al sistema de pensiones. ¿Por qué no? Una modificación a la forma en que escogemos a nuestro presidente y el tiempo en el que permanece en el cargo, se debaten allí. Si bien es cierto, en los últimos años han llegado personas con muchísima trayectoria, recorrido y demás, pues también ha habido errores muy importantes. Personas que una vez han llegado allí, han tenido otro tipo de agendas y han terminado afectando los derechos de todos y todas”, expresó el jurista.
El penalista fue más allá en su análisis. Según él, el nuevo magistrado no puede responder a intereses particulares ni políticos: “Es muy importante la independencia. Es muy importante que quien ocupe este cargo sea independiente del Gobierno de turno, porque en últimas es su juez. De lo que se trata es de que piense en todos los colombianos, en nuestros derechos y garantías, y no en satisfacer a un Gobierno de turno”.
Por ahora, el ambiente en el Senado es tenso debido al desarrollo de las votaciones. Partidos como Cambio Radical ya definieron su posición y anunciaron públicamente su respaldo al ex defensor del Pueblo Carlos Camargo. Con esta decisión, buscan frenar lo que consideran un intento del Gobierno por imponer a su candidata y lograr una mayoría en la Corte Constitucional; según sus declaraciones, la intención es evitar que el Ejecutivo logre influir en todos los magistrados del alto tribunal.
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