La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero Calle en torno a presuntas irregularidades contractuales entre Metroparques, el Inder y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un año después de que la veeduría ciudadana Todos por Medellín denunciara posibles anomalías en estos acuerdos.
La investigación, iniciada en mayo de 2024, se centró en la revisión de contratos relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas y la organización de eventos recreativos y deportivos, financiados con recursos del Presupuesto Participativo.
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Según la vocera de Todos por Medellín, Piedad Restrepo, la Procuraduría también ha comenzado a examinar al menos 12 contratos adicionales entre Metroparques y otras dependencias del distrito, los cuales podrían presentar irregularidades similares.
Entre los exfuncionarios señalados se encuentran Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de gestión administrativa y financiera del Área Metropolitana; Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora general del Inder; y los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda. La Procuraduría determinó que, en todos los casos, la formulación de cargos corresponde a culpa gravísima, lo que implica la continuación del proceso disciplinario para establecer si los involucrados actuaron conforme a la normativa vigente.
Las denuncias de Todos por Medellín apuntaron a una posible ‘cartelización’ en la adjudicación de contratos entre las entidades mencionadas, señalando que algunos procesos se realizaron bajo la modalidad de invitación privada en lugar de licitación pública, y que en ciertos casos los contratistas no acreditaron la experiencia requerida.
“En esta investigación solo se centró en la contratación entre el Inder, el Área Metropolitana y Metroparques. No obstante, advierte que muchos de los procesos de los contratos entre la Alcaldía de Medellín y sus secretarías con Metroparques no entraron acá y que posiblemente puede haber irregularidades en ellos”, afirmó Restrepo.
La sanción de la Procuraduría contra uno de los imputados y otra exfuncionaria
El 13 de agosto de 2025, la Procuraduría ya había sancionado e inhabilitado por nueve años a Liévano Ospina por la ampliación injustificada de un contrato con el Jardín Botánico, cuyo objeto era la conservación de jardines en Medellín. La misma medida se aplicó a la entonces secretaria de Infraestructura del distrito, Natalia Urrego.
El contrato en cuestión, firmado en octubre de 2020 entre la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín y Metroparques, tenía un valor de 5.250 millones de pesos y estaba destinado al manejo de las zonas verdes de la ciudad.
De acuerdo con información de El Tiempo, la Procuraduría determinó que la ampliación de este contrato no contaba con justificación suficiente y presentaba indicios de favorecimiento, lo que motivó la sanción disciplinaria impuesta a los exfuncionarios.
El alcance de las investigaciones no se limita a este caso. Desde finales de 2023, la Fiscalía General de la Nación ha identificado presuntas irregularidades en seis contratos distintos, cuyo valor total supera los 67.586 millones de pesos. Estos procesos involucran tanto a exfuncionarios como a contratistas vinculados a la administración de Quintero, según precisó el citado medio.
En el caso específico del contrato de zonas verdes, la Fiscalía ya formuló imputaciones formales. El 15 de enero de 2024, se presentaron cargos contra Urrego, Liévano y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano. Los delitos imputados incluyen asociación para cometer delitos contra la Administración Pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía detalló que, según la investigación adelantada por un fiscal seccional de Medellín, “entre febrero y noviembre de 2020, los exservidores públicos se habrían asociado para ordenar irregularmente el traslado de 5.000 millones de pesos del presupuesto del Jardín Botánico de Medellín a Metroparques, para la supuesta atención de emergencia por el covid-19”. Ninguno de los tres procesados aceptó los cargos, por lo que el proceso penal sigue en curso. De ser hallados culpables, podrían enfrentar una pena de 64 meses de prisión.
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