La radicación de una consulta popular campesina ante la Registraduría Nacional marcó un hito en la historia reciente del movimiento agrario colombiano.
Más de 1.200 campesinos, junto a representantes de 800 organizaciones de víctimas, comunidades indígenas y afrodescendientes, se reunieron en el centro de eventos de Corferias, en Bogotá, para formalizar una iniciativa que busca garantizar el acceso a la tierra, impulsar la reforma agraria y consolidar el reconocimiento de los derechos del campesinado colombiano.
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Durante la asamblea popular, celebrada el 30 y 31 de agosto, los delegados debatieron y construyeron colectivamente la propuesta temática de la consulta.
El evento culminó con la radicación oficial del mecanismo ante la Registraduría Nacional, llevado a cabo el lunes 1 de septiembre, un paso inédito que representa la primera vez que el campesinado colombiano presenta directamente una iniciativa de este tipo ante las instituciones del Estado.
En qué consiste la consulta campesina
La consulta, estructurada en torno a cinco preguntas principales, aborda temas como el acceso y la redistribución de la tierra, la participación política, la protección ambiental, la garantía de derechos y la construcción de paz en el campo.
El objetivo central de la consulta es reglamentar el artículo 64 de la Constitución Política, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos.
Entre los temas centrales se encuentran la participación directa en decisiones agrarias, la consulta obligatoria a las comunidades para el uso del suelo, la productividad y comercialización de productos campesinos, el acceso a la justicia y la protección de los liderazgos rurales.
La propuesta también busca fortalecer la soberanía alimentaria y asegurar la permanencia de las comunidades en territorios ambientalmente protegidos.
Para que la consulta avance hacia una eventual convocatoria a las urnas, los promotores deberán recolectar una cifra significativa de firmas. Según lo estipulado por la Registraduría, la meta se sitúa en más de cuatro millones de apoyos, lo que refleja la magnitud y el alcance nacional de la campaña. Una vez alcanzado este umbral, la propuesta será enviada al Congreso, que evaluará su viabilidad y la posibilidad de someterla a votación popular.
Espaldarazo de Gobierno Petro
El respaldo del Gobierno nacional ha sido explícito. Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, expresó durante la asamblea: “Quiero comprometer al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Nacional en la decisión de acompañar, respaldar e impulsar la decisión del campesinado en Colombia”.
Por su parte, Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, destacó que este proceso constituye “un escenario de unidad y pluralidad que fortalece la reforma agraria en curso”.
Ambos funcionarios subrayaron la importancia de la iniciativa para avanzar en los compromisos del Acuerdo de Paz firmado en 2016, así como agilizar los procesos de tenencia y restitución de tierras.
Entre los líderes campesinos y promotores de la consulta, William Orozco, integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, enfatizó la dimensión histórica de la movilización:
“Nos unimos como movimiento campesino para presentar al país nuestra apuesta y nuestra resistencia. Vamos a la consulta por los derechos del campesinado, porque su voz es raíz de vida, fuerza y dignidad”, declaró.
Juan Carlos Albarracín, de la organización Asoquimbo, manifestó su expectativa frente a la recolección de apoyos ciudadanos a la consulta popular.
“Recogeremos cuatro millones de firmas que garanticen que la reforma agraria sea una política de Estado que garantice el acceso y la redistribución de la tierra y le devuelva la actividad al campesinado”.
El contexto de la iniciativa se enmarca en los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de 2016, que incluyó la reforma agraria y la creación de la jurisdicción agraria como ejes fundamentales para la transformación rural.
La ley ordinaria pendiente busca definir los procedimientos y competencias de esta jurisdicción, con el objetivo de agilizar la tenencia, el deslinde y la restitución de tierras, y así descongestionar los despachos judiciales y garantizar la adjudicación de predios a campesinos y víctimas.
Al cierre de la asamblea, el movimiento campesino extendió una invitación a mujeres, jóvenes, trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales de todo el país para que respalden la propuesta con su firma, resaltando el carácter colectivo y transformador de esta iniciativa.
Preguntas de la consulta campesina
- ¿Está usted de acuerdo con que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de los bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados, para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra como estrategia para superar la desigualdad y la violencia?
- ¿Está usted de acuerdo con que el Estado transforme entidades y fortalezca programas con participación directa del campesinado, para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria como estrategia para acabar con el hambre?
- ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento, inversión pública y proyectos agroecológicos?
- ¿Está usted de acuerdo con que todas las instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos del campesinado, sus territorios y su desarrollo integral bajo el cumplimiento del artículo 64 de la Constitución Política y con enfoque de género?
- ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice mecanismos especiales para la protección de la vida y la paz en el campo y en las comunidades, en particular para la protección integral de los liderazgos campesinos y ambientales?
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