La Fiscalía General de la Nación investiga a Consuelo Ibeth Parra Velandia como presunta líder de una red de lavado de activos asociada a la adquisición de 240 bienes raíces avaluados en más de $65.700 millones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira y Chía.
La indagación implica a la abogada, que fue defensora de altos líderes del paramilitarismo y del Clan del Golfo, en supuestas maniobras financieras para ocultar capitales provenientes del narcotráfico, de acuerdo con los documentos e informes revelados por El Espectador y confirmados por fuentes judiciales.
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Según reportó el medio citado, la Fiscalía acusa a Consuelo Parra, oriunda se Sogamoso (Boyacá), de encabezar un esquema de testaferrato y enriquecimiento ilícito por medio de la compra y administración de propiedades que incluyen casas, apartamentos, loteos, hoteles y parqueaderos.
Los inmuebles están registrados a nombre de cuatro personas y siete empresas, constituidas entre 2014 y 2017, periodo en el que, por ejemplo, las firmas y particulares compraron 185 bienes solo en nombre de la empresa Incol, representada legalmente por Wilson Muñoz Ávila.
Los informes judiciales destacan que Muñoz adquirió, en ese mismo lapso, 108 parqueaderos en el Centro Comercial Lago Plaza de Pereira, 36 terrenos en Acacías (Meta) y 14 apartamentos tipo penthouse en el sector de El Poblado, en Medellín. Otras empresas bajo investigación suman propiedades en áreas exclusivas del norte de Bogotá, apartamentos de lujo en condominios de Cartagena, un hotel en el centro de Medellín y varios lotes en Sogamoso.
Según publicó El Espectador, la relación de Consuelo Parra con redes criminales se remonta a su desempeño como abogada defensora de figuras como “Don Berna”, “El Alemán”, “Don Mario”, “Otoniel”, “Jorge Pirata” y “HH”, todos líderes del paramilitarismo en Colombia y del Clan del Golfo, actualmente considerado el mayor grupo armado ilegal del país, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.
El expediente judicial sostiene que Parra habría actuado como depositaria de fondos y secretos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de estructuras posteriores.
En el caso judicial aparecen otros involucrados. El ente investigador también señala como operador financiero a Cristhian Camilo Uribe, vinculado según la Dian a actividades agropecuarias, pero que adquirió 20 inmuebles por $2.735 millones durante una década, incluyendo locales comerciales, apartamentos, terrenos y un hotel en Medellín.
El proceso penal contra Consuelo Parra, que tiene 47 años, avanza por cargos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el medio anteriormente mencionado, la investigación se fortalece con las declaraciones de exparamilitares y la colaboración judicial de Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, antiguo segundo en la jerarquía del Clan del Golfo y cliente de Parra. Tras la captura y extradición de “Nicolás” a Estados Unidos en marzo de 2022, varias operaciones financieras sospechosas quedaron bajo la lupa de las autoridades.
Parra, que también participó como interlocutora en intentos de sometimiento judicial del Clan del Golfo en el gobierno de Juan Manuel Santos, negó todas las imputaciones. Su abogado, Iván Cancino, declaró a El Espectador que “es una abogada que ha ejercido su profesión y que, dentro de ese ejercicio de la profesión, ha cobrado honorarios importantes, declarados, todos por encima de la mesa, en el marco de la ley”.
Cancino dijo contar con un dictamen pericial que avalaría el origen lícito del patrimonio de su clienta y recordó que la justicia le negó a la Fiscalía la prisión preventiva, limitando las medidas cautelares a la presentación periódica ante el juzgado.
Respecto a la acusación de que Parra indujo a Nicolás a colaborar con la justicia para facilitar la caída de “Otoniel”, Cancino señaló que “aconsejar a su cliente es parte del ejercicio profesional y hace parte de la reserva del sumario, tanto mía con ella, como de ella con sus clientes”.
La audiencia de acusación prevista para el 26 de agosto fue aplazada por ausencia de representantes de la Fiscalía, sin fecha confirmada para su reprogramación. Mientras tanto, la investigación sigue avanzando, y se han anunciado próximos capítulos que involucran nuevas interceptaciones telefónicas asociadas a viejas estructuras criminales y delitos conexos en Bogotá y otras ciudades.
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