Más de 10.000 víctimas y $1.200 millones al mes: así operaba el ‘call center’ de extorsión en cárcel de Cómbita

El hallazgo de un sofisticado sistema de extorsión digital en el centro penitenciario El Barne de Cómbita puso en evidencia la magnitud de las operaciones criminales que se gestan tras las rejas en Colombia.

Durante una intervención conjunta, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación incautaron 105 teléfonos celulares, 53 tarjetas SIM y 23 directorios con información de potenciales víctimas y 3 módems, elementos cuyo valor supera los $500 millones.

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Esta estructura, coordinada por internos identificados como alias El Negro y alias Panda, logró afectar a más de 10.000 personas en distintas regiones del país, generando ingresos mensuales superiores a $1.200 millones.

La operación permitió descubrir un “call center” clandestino que funcionaba en varias celdas del penal, donde los reclusos suplantaban la identidad de reconocidos grupos armados ilegales para intimidar y exigir dinero a ciudadanos.

Los directorios decomisados contenían datos personales y registros de transferencias, lo que facilitaba la selección y seguimiento de las víctimas. Además de los dispositivos de comunicación, se incautaron 100 accesorios tecnológicos, entre cargadores y manos libres, y 29 armas cortopunzantes, lo que evidencia la facilidad con la que estos elementos ingresan y circulan dentro de los establecimientos penitenciarios.

El mayor general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, confirmó la magnitud del operativo a través de su cuenta de X, destacando la coordinación con la Fiscalía y la incautación de los equipos utilizados para la extorsión digital. La investigación determinó que la organización criminal mantenía una estructura activa y en expansión, capaz de trasladar sus operaciones a otros penales mediante conexiones entre condenados, lo que garantizaba la continuidad del negocio ilícito.

El impacto de estas actividades no se limita a la cárcel de Cómbita. Durante 2025, las autoridades han ejecutado 46 operaciones en diferentes centros de reclusión del país, logrando decomisar más de 900 celulares, cerca de 1.000 tarjetas SIM, 900 accesorios electrónicos y 500 armas blancas. Lo que revela la magnitud del tráfico de equipos tecnológicos y la consolidación de un circuito financiero paralelo que alimenta las rentas criminales desde el interior de las cárceles.

El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Unidad de Antiextorsión y Antisecuestro de la Policía Nacional, señaló en diálogo con El Tiempo que algunos funcionarios del Inpec han facilitado la dinámica de la extorsión desde los centros penitenciarios.

Según sus palabras, “ya ha habido una absoluta disposición del Ministerio de Justicia y del Inpec, ellos son conscientes y conocedores de la problemática que tienen frente a ciertos funcionarios. Reitero, no son todos, pero frente a esa situación estamos también con unas líneas investigativas bien importantes. La Fiscalía nos está apoyando y nos ha destacado unos fiscales especializados para adelantar, junto con la Dijín, trazabilidad a esos bienes que han adquirido y que no tienen cómo justificarlo un servidor público en esa parte”.

Para enfrentar estas dinámicas, el Gaula creó comisiones especializadas, conocidas como Sefic, orientadas al rastreo de bienes adquiridos con recursos ilícitos. Además, se fortaleció el Cibergaula con el apoyo de agencias internacionales como la DEA, que aportan capacidades para rastrear criptoactivos y llamadas digitales. El coronel Sanabria precisó que “el 90% de las actividades de los colombianos se dinamiza en entornos digitales y allí tenemos que enfocarnos”.

En el ámbito judicial, la extorsión figura entre los delitos con mayor porcentaje de medidas intramurales. El coronel Sanabria detalló que “de 100 delincuentes capturados, 86 quedan con medida de aseguramiento en centro carcelario”, subrayando la importancia de la denuncia ciudadana y la corresponsabilidad social.

De acuerdo con el oficial, “cuando el colombiano denuncia, el Estado asume la responsabilidad de protegerlo”, y la información de las víctimas constituye el primer insumo para rastrear los flujos económicos y judicializar a quienes continúan delinquiendo desde prisión.