El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, ordenó a todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) garantizar pagos regulares a la red pública y privada, con el fin de estabilizar los giros mensuales y proteger el funcionamiento de los hospitales.
La medida, según el Gobierno, busca asegurar la continuidad de la atención y prevenir una crisis en los servicios de salud.
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Rubiano recordó que los recursos deben fluir conforme a las asignaciones realizadas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), a través de la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA), y que las EPS están obligadas a realizar los giros sobre el corriente. “Se debe mantener pagos regulares a prestadores de servicios de salud de la red pública y privada y estabilizar los giros mensuales”, reiteró el superintendente.
Prioridad en la atención primaria y fortalecimiento de la red pública
La superintendencia enfatizó que las EPS deben destinar como mínimo el 30% de los recursos que reciben al primer nivel de atención y a la atención primaria en salud. Este enfoque busca contener la enfermedad en etapas iniciales y aliviar la presión sobre los hospitales de mayor complejidad.
En esa línea, se destacó que la contratación con la red pública debe ser fortalecida, y que la red privada debe complementar los servicios únicamente en los casos en que la oferta pública sea insuficiente o no logre cubrir la demanda.
Dentro de este plan, la Superintendencia Nacional de Salud también instruyó a la Nueva EPS, que concentra el mayor número de afiliados en el país, a implementar un plan de estabilización de pagos. Este se ejecutará en dos fases: primero a los hospitales de baja complejidad y posteriormente a los de mediana y alta complejidad.
Como parte de la estrategia, la Delegatura de Aseguramiento de la Superintendencia instaló nueve mesas técnicas para el flujo de recursos, de las cuales ya se han realizado dos, en Cali y Tunja. A estos encuentros asistieron EPS y prestadores de segundo, tercero y cuarto nivel de departamentos como Boyacá, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
La medida llega tras la adopción de acciones preventivas sobre la Nueva EPS. La primera de ellas consistió en una orden al contralor designado de la entidad para hacer un seguimiento detallado a las postulaciones de giro de recursos hacia la red de prestadores y proveedores. La segunda acción estableció un monitoreo presencial y permanente al plan de trabajo definido para la EPS, bajo la supervisión del equipo técnico de la Delegatura de Aseguramiento.
En este proceso, se ordenó que el contralor designado garantice y documente la información necesaria para validar los giros, bajo criterios de legalidad, oportunidad y destinación, emitiendo conceptos técnicos con análisis y recomendaciones. A la par, la Supersalud realiza una verificación en tiempo real de la implementación del plan de trabajo.
Llamado a garantizar el derecho a la salud
La entidad también advirtió a la Nueva EPS y a todos los prestadores y proveedores vigilados que deben cumplir con el régimen normativo y con las condiciones establecidas para el giro de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Estas medidas buscan evitar prácticas no autorizadas que puedan poner en riesgo la integridad del sistema y el acceso efectivo de los usuarios a los servicios.
El superintendente Rubiano fue enfático al señalar que “las EPS intervenidas tienen un agente interventor que es también un vigilado nuestro. Así que estamos atentos y vigilantes para que todos los actores, todos, cumplan a los usuarios afiliados al sistema de salud”.
En una comunicación dirigida a los usuarios en Medellín, Rubiano señaló que la crisis actual es consecuencia de fallas estructurales que requieren soluciones sostenidas. En ese sentido, insistió en fortalecer el primer nivel de atención y establecer mayores controles sobre el uso de los recursos.
Asimismo, advirtió que “los gestores y demás actores del sistema deben entender que la demora, la negación de un servicio, la entrega incompleta e inoportuna de un medicamento y las barreras de cualquier índole que se impongan a la prestación de los servicios, ponen en riesgo la integridad y derecho a la salud de los ciudadanos”.
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