La liberación de Diego Fernando González Marín el 29 de agosto de 2025, tras permanecer retenido por más de 240 días sin que se iniciara el juicio en su contra, marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que lo vincula con la banda de Las Marionetas. El abogado defensor, Jaime Novoa, explicó que la decisión judicial se fundamentó en el vencimiento de términos, ya que desde la radicación del escrito de acusación no se había dado inicio a la etapa de juicio.
El caso de González Marín, quien fue elegido alcalde de Aguadas en 2019, ha estado rodeado de controversias desde sus inicios. Según el relato de su defensa, la vinculación del exalcalde con el grupo delincuencial liderado por Mario Castaño, exsenador del Partido Liberal por Caldas, ya fallecido, nunca fue clara. A esto se sumaron las dilaciones atribuidas al Estado, lo que dificultó el avance del proceso.
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En este contexto, la Fiscalía General de la Nación sostiene que González Marín tenía pleno conocimiento de los procesos licitatorios previstos para el municipio de Aguadas. De acuerdo con la acusación, contactó a Olga Lucía Botero Gómez, exgerente de la Empresa Regional de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Norte de Caldas, antes de la publicación de las convocatorias, con el objetivo de acordar el direccionamiento de los contratos y el porcentaje que debían pagar para adjudicárselos.
El proceso en contra de Diego Fernando González Marín
En mayo de 2024, las partes habían negociado un preacuerdo que contemplaba una pena de 5 años y 9 meses de prisión, una multa cercana a $70 millones y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 7 años. El acuerdo no implicaba incremento patrimonial. Además, González Marín se comprometía a ofrecer excusas públicas a los habitantes de Aguadas a través de un medio regional y donar trajes de baile para los 20 integrantes del grupo Élite de Danza de la Casa de la Cultura del municipio.
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No obstante, el ente acusador anunció su intención de modificar la negociación en lo relativo al delito de concierto para delinquir, sin especificar los motivos ni el posible aumento de la pena. Frente a esta situación, la Fiscalía no aceptó las condiciones pactadas y el caso se encaminaba a juicio. De ser hallado culpable, González Marín se hubiera enfrentado una condena de hasta 10 años de prisión.
El expediente detalla una serie de contratos bajo la modalidad de selección abreviada y mínima cuantía, en los que se simulaba la presentación de varias propuestas para que solo una cumpliera los requisitos. Entre los contratos adjudicados el 17 de noviembre de 2021 figuran uno por $231 millones para placas, huellas, sistema de pavimentación en concreto, en Peñoles y San Pablo, y otro por $154 millones para obras similares en San Nicolás y La Zulia. El 24 de noviembre de 2021 se firmaron contratos por $137 millones para otras veredas, $169 millones para la vereda Guaco y $101 millones para Río Arriba.
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También se ejecutaron proyectos mediante convenios interadministrativos entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Proyecta Quindío y el Fondo de Inversión para la Paz. Entre ellos destaca la reposición de la capa de pavimento en Pueblito Viejo por $1.160 millones el 27 de diciembre de 2021, y un contrato de consultoría para esa obra por $102 millones el 26 de enero de 2022.
Otras intervenciones incluyeron la instalación de postes ornamentales, obras en Renán Barco, el Parque Fundadores, mitigación del riesgo en Los Cedros, interventorías en el Parque Fundadores y en el pavimento hidráulico, un convenio para el alumbrado navideño, y la provisión de estufas ecoeficientes.
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Sumado a la noticia de la liberación del exalcalde de Aguadas, la Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse de abrir investigación formal contra los senadores Carlos Fernando Motoa Solarte, Juan Samy Merheg Marun, Carlos Abraham Jiménez López y Juan Felipe Lemos Uribe, que habían sido vinculados al entramado de corrupción.
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