Una jueza de Bogotá otorgó a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un principio de oportunidad que implica inmunidad parcial en el controversial caso de corrupción de la entidad.
Este beneficio cobijaría tres delitos específicos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.
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Según informó El Espectador, el avance de la negociación fue posible luego de dos intentos fallidos anteriores de López para acogerse a beneficios jurídicos a cambio de su colaboración efectiva con la investigación.
Su defensa, encabezada por José Luis Moreno, celebró la decisión afirmando que “hoy la justicia colombiana ha dado un paso histórico” y señalando que la jueza reconoció que “su colaboración con la verdad es vital para desmontar la mayor red de corrupción en la historia reciente del país“.
Las actuaciones de Olmedo López ante la justicia incluyeron la entrega de más de 21 declaraciones, además de una matriz con 27 nombres de altos funcionarios, congresistas y directores que estarían involucrados en la red de corrupción.
Además, según su abogado, López entregó pruebas técnicas y documentales y devolvió al Estado una suma comprobada de $724 millones.
A su vez la Fiscalía General de la Nación explicó un comunicado en el que informó que en medio de la “macroinvestigación” por corrupción dentro de la Ungrd, López, que fungió como director de la entidad, asumirá el papel de testigo de cargo contra otros presuntos participantes en la defraudación, destacando así la relevancia de su colaboración en este proceso judicial.
Lo que implica el principio de oportunidad
El principio de oportunidad otorgado a López, como informó la Fiscalía, supone que la acción penal en su contra se suspende parcialmente por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga, respecto de las imputaciones por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.
También se informó que este beneficio fue avalado por un juez penal de control de garantías de Bogotá bajo la condición expresa de que López exprese públicamente su arrepentimiento y garantice la no repetición de conductas delictivas.
La investigación reveló que, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, el entonces director de la Ungrd, en su calidad de ordenador del gasto, direccionó contratos de mitigación y atención de emergencias en varios departamentos.
Según la Fiscalía, el objetivo de estas maniobras era en su momento beneficiar a contratistas específicos, congresistas y otros funcionarios, constituyendo un entramado de corrupción de gran alcance.
Como resultado de las pruebas recabadas en el proceso, Olmedo de Jesús López Martínez aceptó su responsabilidad a través de un preacuerdo por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.
La matriz de colaboración
Las revelaciones aportadas por Olmedo López en la matriz de colaboración entregada a la Fiscalía han ampliaron el abanico de altos funcionarios implicados en el caso de corrupción.
Entre los nuevos nombres destacan Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia, ambos señalados como figuras centrales en el escándalo por la compra irregular de carrotanques.
La investigación surgió tras la adquisición de 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos, con sobrecostos y presuntos desvíos de recursos públicos.
En su declaración, López señaló además la entrega de sobornos en efectivo de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name y 1.000 millones al representante Andrés Calle a cambio de respaldo político a reformas impulsadas por el Ejecutivo. Por estos hechos la Corte Suprema de Justicia citó a ambos congresistas a indagatoria por presunto cohecho y peculado.
Otros supuestos beneficiarios de contratos habrían sido excongresistas como Julián Peinado, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Lilia Bittar y Juan Diego Muñoz, a quienes se les señala de influir en decisiones de la Comisión de Crédito Público dentro del Ministerio de Hacienda, a petición de exfuncionarios como Ricardo Bonilla.
La Fiscalía sostiene que Velasco habría ordenado a Olmedo López beneficiar con un contrato por 35.000 millones de pesos al senador Julio Elías Chagüi, aunque el acuerdo no llegó a firmarse por el estallido del escándalo. Asimismo, se menciona una gestión de Martha Peralta, expresidenta de la Comisión Séptima del Senado, para adjudicar un contrato de 2.210 millones de pesos para maquinaria en Riohacha (La Guajira) a allegados suyos.
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