La Contraloría Distrital de Bogotá anunció que iniciara indagación preliminar a las 20 alcaldías locales de la ciudad por presuntos sobrecostos en procesos de bienestar y protección animal. La decisión se registró luego de un incremento en las denuncias por este concepto que llegaron a la entidad.
De acuerdo con el ente de control, la indagación fue ordenada por el propio contralor distrital, Julián Mauricio Ruiz, que dio instrucciones a sus subalternos de evaluar la gestión fiscal de las localidades con relación a la política pública de protección y bienestar de la población animal de la ciudad.
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A su vez, precisaron que la acción es la respuesta a las denuncias de los ciudadanos, concejales y hasta congresistas que advirtieron que procesos como esterilizaciones, implantaciones de microchips de rastreo, brigadas veterinarios, entre otros venían siendo reportados con costos muy superiores a los que en realidad se empleaban.
“En atención a diferentes denuncias que han sido formuladas, algunas de ellas desde el Congreso de la República, desde el Consejo Distrital o por ciudadanos en general, y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el doctor Julián Mauricio Ruiz, nuestro contralor distrital, hemos determinado adelantar una indagación preliminar que permitirá evaluar la gestión fiscal desplegada por los veinte fondos de desarrollo local del Distrito Capital en todo lo relacionado con la política pública de protección y bienestar animal“, aseguró Andrés Rojas Palomino, director de participación de la entidad.
Según el funcionario, la indagación cobijará los recursos ejecutados en 2023 y 2024, y anticipó que dichas acciones de control finalizarán al final de 2025, por lo que destacó que la entidad emprende las gestiones en cumplimiento de sus funciones y para garantizar a los ciudadanos la correcta ejecución de los recursos que son producto de los impuestos al distrito.
“Esta actuación comprende evaluar las vigencias 2023 y 2024, y esperamos que las conclusiones de este ejercicio puedan estarse generando al finalizar la presente vigencia. Desde la Contraloría de Bogotá adelantaremos todas las actuaciones en el marco de nuestra competencia que permitan controlar y vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos“, explicó Palomino.
Estas fueron las denuncias
Una de las figuras que denunció sobrecostos en procesos veterinarios en la ciudad fue la senadora animalista Andrea Padilla, de la Alianza Verde, que en febrero de 2025 señaló al Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal (Idpyba) de reportar valores superiores a los reales en la adquisición de microchips para animales de compañía.
En su momento, la congresista denunció que en desde 2023 el distrito ha invertido $3.200 millones en la adquisición de estos dispositivos de identificación, pero que desde ese año el valor reportado es de $23.959, cuando en el pasado los costos que reportaban no superaban los $5.000.
Asimismo, los procesos de esterilización también han registrado incrementos injustificados que doblan el valor original. De acuerdo con la senadora Padilla, en 2022 el costo promedio de una cirugía de esterilización era de $131.086, pero en 2024 esta cifra se duplicó, alcanzando los $263.347, lo que representa un aumento del 101%.
No obstante, en ese momento la Personería de Bogotá anunció acciones y fijó el precio de estos procesos quirúrgicos en $214.200, valor que suscita una reducción, pero sigue siendo elevado comparado con los costos que son reportados por las administraciones de otras ciudades capitales del país.
No es la primera indagación de la Contraloría
En 2022, la Contraloría realizó una indagación al Idpyba en la que identificó irregularidades en los contratos de esterilización, con hallazgos que ascendían a los $887.730.555 y que podrían estar relacionados con el incremento injustificado en los valores de los microchips de identificación de los animales de compañía.
Una de las anomalías encontradas en esa ocasión tiene que ver con el desecho de una cotización que ofrecía la implantación de los dispositivos a un precio de $10.710 cada uno, significativamente más bajo que el costo actual de $23.959 por unidad.
Según las denuncias y las indagaciones previas a la entidad encargada de la protección animal, los procesos de contratación por estos conceptos no involucrarían el principio de transparencia que involucra la gestión de recursos públicos en procesos que beneficien a la ciudadanía.
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