Familia de Valeria Afanador había denunciado graves fallas en la investigación por su desaparición antes de encontrarla sin vida

Con “profundo dolor e indignación”, la familia Afanador Cárdenas denunció ante la opinión pública lo que calificaron como graves irregularidades en la investigación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Valeria, la niña de 10 años desaparecida el 12 de agosto en Cajicá.

En un comunicado, la familia exigió que se respete el mandato constitucional que declara que, “el derecho a la vida es inviolable”, recordando que la Constitución establece que la familia, la sociedad y el Estado están obligados a asistir y proteger a los niños. “Valeria merece ser encontrada con vida y sus derechos deben ser prioridad”, reclamaron en su mensaje inicial, cuando aún confiaban en hallarla con vida.

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Los padres advirtieron sobre “omisiones y posibles negligencias institucionales”. Recordaron que la Defensoría del Pueblo alertó sobre “graves deficiencias” en el manejo del caso, pues no se activaron protocolos de búsqueda de manera oportuna. Por ejemplo, la circular amarilla de Interpol se emitió siete días después de la desaparición, retraso que calificaron como “injustificado”.

La familia también señaló que no se activó de inmediato el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, lo que, a su juicio, agravó el riesgo sobre la vida de la menor. Además, criticaron que incluso la institución educativa tardara en notificar la ausencia de Valeria, aunque aclararon que esto no exime al Estado de su responsabilidad principal.

Finalmente, expresaron frustración al no conocer hasta ahora acciones concretas de Fiscalía, CTI o Policía en materia de interrogatorios, uso de cámaras de seguridad o activación de protocolos básicos. El comunicado concluyó denunciando que cada minuto perdido en la búsqueda significó un mayor peligro para la niña.

La Procuraduría se pronunció

El hallazgo sin vida de Valeria Afanador en Cajicá llevó a que la Procuraduría General de la Nación se sitúe en el centro de la discusión pública. Más allá de expresar su solidaridad con la familia, el ente de control decidió marcar una postura clara, exigir que la Fiscalía y la Policía Nacional aceleren las pesquisas y garanticen que no haya impunidad. La Procuraduría recordó que este no es solo un caso criminal, sino una prueba de la capacidad del Estado para proteger a los menores en condiciones de especial vulnerabilidad.

Al instar a “redoblar esfuerzos” y a esclarecer con rapidez las circunstancias del hecho, la entidad busca evitar que el caso se diluya en trámites burocráticos o se vea atrapado en negligencias como las denunciadas por la familia. Su pronunciamiento resaltó además un aspecto de fondo, la obligación de convertir los espacios educativos en entornos seguros y de reforzar las medidas de protección para niños y niñas con discapacidad, quienes enfrentan mayores riesgos y requieren un enfoque diferencial.

“Los espacios educativos deben cumplir su rol de entorno protector; la familia y la sociedad deben ser verdaderos agentes de protección y denunciar cualquier hecho que atente contra la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes, especialmente a aquellos con discapacidad, donde la prevención, protección, atención y cuidado, debe ser reforzado e inclusivo, que garantice su seguridad y el goce efectivo e sus derechos”, sostuvo el ente.

La Procuraduría, en su papel de veedora, puede convertirse en un actor clave para garantizar que la investigación no quede en simples avances preliminares. Su intervención también envía un mensaje político, la protección de la niñez no admite excusas ni retrasos. El caso de Valeria, con toda su carga de dolor y simbolismo, pone a prueba la capacidad del Ministerio Público de ejercer presión real sobre las autoridades competentes y de impulsar correctivos que eviten que tragedias similares se repitan.