
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) manifestó su preocupación frente al reciente decreto del Gobierno nacional que modifica el esquema tarifario de la energía eléctrica.
Según Camacol, la medida provocará un incremento significativo en los costos de producción, lo que afectará tanto a las empresas constructoras como a los compradores de vivienda.
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De acuerdo con lo informado por BLU Radio, el gremio advirtió que el decreto impactará de manera directa los precios de insumos clave en la industria, como el cemento, el acero y otros materiales que dependen de un alto consumo energético para su elaboración. Este incremento, sumado a la carga financiera ya existente, podría frenar la ejecución de nuevos proyectos.
Además, se señaló que el sector atraviesa un momento complejo debido a la disminución en la demanda y a las dificultades de financiación. En ese contexto, un aumento en los costos de energía comprometería la viabilidad de numerosos desarrollos inmobiliarios.
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“Cada peso adicional en la producción se traslada al valor final de las viviendas, lo que limita aún más el acceso de las familias a una solución habitacional”, indicó en declaraciones a BLU Radio.
El decreto establece una fórmula para el ajuste de tarifas eléctricas que, según el Gobierno, busca estabilizar el mercado y garantizar la sostenibilidad de las empresas generadoras. Sin embargo, para Camacol, esta decisión genera un efecto dominó que impacta al sector construcción, uno de los más sensibles a los cambios en los precios de la energía.
El gremio advirtió que, con el nuevo esquema, los costos de producción de insumos básicos podrían aumentar entre un 10 % y un 15 %. Este incremento se reflejaría en el valor final de las viviendas nuevas, en un momento en que las ventas han caído en varias regiones del país. “El sector construcción es intensivo en el uso de materiales cuyo proceso de fabricación requiere grandes cantidades de energía. Cualquier variación en las tarifas tiene efectos inmediatos en el mercado inmobiliario”, explicó Forero a BLU Radio.
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Además de los proyectos de vivienda, Camacol señaló que las obras de infraestructura también se verán afectadas. El encarecimiento de insumos como el concreto y el acero compromete la ejecución de carreteras, puentes y obras públicas que dependen de contratos ya firmados con presupuestos ajustados. En estos casos, las empresas contratistas deberán asumir mayores costos sin posibilidad de trasladarlos a los convenios establecidos.
La advertencia de Camacol se suma a la preocupación de otros sectores productivos que también dependen de la energía eléctrica para su operación. No obstante, en el caso de la construcción, los efectos se sienten de manera particular debido a la estrecha relación entre costos de materiales y precio final de la vivienda.
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El Gobierno ha defendido el decreto argumentando que las modificaciones buscan reducir la volatilidad del mercado energético y garantizar la prestación del servicio. Sin embargo, los constructores insisten en que se requieren medidas adicionales que mitiguen los efectos negativos sobre la industria.
Camacol pidió abrir un espacio de diálogo con el Ministerio de Minas y Energía y con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para analizar mecanismos de compensación que permitan reducir el impacto en el costo de los materiales de construcción. Según el gremio, de no implementarse correctivos, el país podría enfrentar una desaceleración en la generación de empleo y en la dinámica de la economía.
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“El sector de la construcción aporta cerca del 7 % del Producto Interno Bruto y genera más de 1,5 millones de empleos directos e indirectos. Cualquier medida que incremente los costos y reduzca la capacidad de compra de los hogares afecta directamente la economía nacional”, recalcó la presidenta de Camacol en BLU Radio.
Los empresarios del gremio también expresaron preocupación por el impacto en los programas de vivienda de interés social (VIS). Estos proyectos, orientados a familias de bajos ingresos, son particularmente sensibles a los incrementos en los costos de producción, ya que cuentan con topes definidos por ley. El alza en los precios de los materiales podría hacer inviables algunas iniciativas, reduciendo la oferta de vivienda asequible.
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En varias ciudades del país, los constructores han reportado retrasos en la entrega de proyectos debido al aumento en los costos de insumos importados y a las dificultades logísticas. Ahora, con el incremento en las tarifas de energía, se prevé que la situación se complique aún más.
De acuerdo con las estimaciones de Camacol, si no se toman medidas, el valor de la vivienda podría subir en un rango de entre 5 % y 8 % en los próximos meses. Esto afectaría principalmente a los hogares de clase media, que ya enfrentan limitaciones para acceder a créditos hipotecarios por las altas tasas de interés.
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La Cámara Colombiana de la Construcción reiteró que no se opone a la necesidad de ajustes en el mercado energético, pero pidió que se consideren los efectos colaterales sobre sectores estratégicos como la construcción. “Es necesario que las decisiones regulatorias vengan acompañadas de medidas que protejan a la industria y a los hogares”, señaló el gremio en diálogo con BLU Radio.
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