Cuentas del Gobierno no cuadran y hay preocupación por el dinero que debe invertir antes de finalizar 2025

El monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de Colombia para 2026 ($556,9 billones) se discute en medio de crisis fiscal y restricciones presupuestales, mientras los datos de ejecución de 2025 muestran rezagos, en especial, en inversión pública, y una presión creciente por obligaciones pendientes de años anteriores.

Según el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, la acumulación de compromisos no saldados complica la capacidad del Estado para cumplir sus metas y pone en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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La situación fiscal actual se caracteriza por restricciones de caja, deterioro del balance fiscal y la suspensión de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), lo que incrementó la vulnerabilidad de las cuentas públicas.

Ante esto, el análisis del Observatorio Fiscal muestra la importancia de evaluar la ejecución presupuestal no solo como un ejercicio técnico, sino como un factor determinante para la política económica y la prestación de servicios esenciales. El debate sobre el presupuesto de 2026, que debe ser aprobado en primer debate antes del 25 de septiembre en el Congreso de la República, está vinculado de manera directa a los resultados y desafíos que deja la ejecución de 2025.

Ciclo de ejecución presupuestal

Para comprender el alcance de estos desafíos, es fundamental entender el ciclo de ejecución presupuestal. El proceso inicia con la apropiación (aprobación del gasto), continúa con el compromiso (formalización de contratos o actos administrativos), sigue con la obligación (reconocimiento del gasto al recibir bienes o servicios) y culmina con el pago.

Desde el punto de vista fiscal, la ejecución se mide en el momento de la obligación, ya que es en ese instante cuando el gasto se reconoce oficialmente y afecta el déficit fiscal, según el Observatorio.

El Presupuesto General de la Nación para 2025 fue decretado en un inicio en $523 billones y, tras ajustes, alcanzó los $525,8 billones, lo que representa el 29% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Al 31 de julio de 2025, se habían obligado $237,3 billones (45,1% del total) y se habían pagado $234,2 billones (44,5%). Si se excluye el servicio de la deuda, la ejecución se sitúa en 44,6%, una cifra cercana al promedio histórico de 44,9%. Sin embargo, el Observatorio Fiscal advierte que, aunque el avance general parece alineado con años anteriores, la inversión pública continúa mostrando un rezago preocupante.

Los grandes rubros del Presupuesto General de la Nación

El presupuesto colombiano se divide en tres grandes rubros: funcionamiento, servicio de la deuda e inversión:

• Funcionamiento: absorbe la mayor parte de los recursos. Contó en 2025 con una apropiación de $329,3 billones. De este monto, a julio se habían ejecutado $159,3 billones (48,4%). Las transferencias obligatorias, que incluyen recursos para regiones, defensa, salud, educación y pensiones, constituyen cerca del 75% de este rubro, lo que evidencia la rigidez del presupuesto y la limitada capacidad de maniobra del Gobierno.
• Servicio de la deuda: la apropiación para 2025 fue de $112,6 billones, con una ejecución de $52,8 billones (46,8%) a julio. Este rubro ha ganado peso en los últimos años y refleja la disciplina del Estado en el cumplimiento de sus compromisos financieros, tanto internos como externos.
• Inversión pública: aunque se apropiaron $83,9 billones para este fin, solo se habían ejecutado $25,3 billones a julio, lo que equivale al 30,1%.

Así las cosas, el Observatorio Fiscal señaló que el rezago no es un fenómeno nuevo, ya que la inversión suele avanzar con más lentitud debido a los procesos de contratación y trámites administrativos. Sin embargo, la preocupación aumenta porque la tendencia de 2024, cuando se registró la ejecución más baja en este rubro, se mantiene en 2025. Además, cerca del 30% del rezago de 2024 aún no se pagó, lo que añade presión sobre la gestión actual.

Al analizar la ejecución por sectores, se observa que:

• Educación (55,1%) y Salud y Protección Social (54,5%): lideran el avance, superando la mitad de sus recursos ejecutados en programas de cobertura educativa y aseguramiento en salud.
• Defensa y Policía (50,0%), el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación (49,8%) y la Fiscalía (49,0%): también presentan cifras superiores al promedio general.
• Igualdad y Género (45,6%), Minas y Energía (45,5%) y Ciencia, Tecnología e Innovación (44,4%): se sitúan en la media.
• Inversión y la infraestructura, como transporte (25,8%), Agricultura y Desarrollo Rural (26,6%), Hacienda (26,6%) y Vivienda (36,3%): muestran los niveles más bajos de ejecución.
• Presidencia (14,1%) y Registraduría (13,6%): registran los menores porcentajes frente a lo apropiado.

La evolución histórica de la ejecución presupuestal, medida como el porcentaje de obligaciones frente a las apropiaciones aprobadas, muestra que entre 2023 y 2024 el ritmo de ejecución descendió a 42,7% y 42,9%, respectivamente. En 2025, se observa una leve recuperación de 1,7 puntos porcentuales, al alcanzar el 44,6%, cifra cercana al promedio de los últimos 25 años.

El mayor rezago de la historia

Uno de los factores que más incide en la presión sobre el presupuesto de 2025 es el rezago presupuestal heredado de 2024. El país arrastró el mayor rezago de su historia, con $62,8 billones en reservas presupuestales y cuentas por pagar. A julio de 2025, se había ejecutado el 71,9% de ese monto ($45,2 billones), pero aún quedaban pendientes $17,6 billones. Dichas obligaciones deben ser cubiertas con recursos del presupuesto vigente, lo que genera una competencia directa entre los compromisos del pasado y las necesidades actuales.

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advierte que, en este contexto de deterioro fiscal, “la forma en que se ejecute el presupuesto en el segundo semestre de 2025 tendrá consecuencias significativas. Un aumento en la velocidad de ejecución, impulsado principalmente por gastos inflexibles de funcionamiento, podría incrementar el déficit fiscal”.

Además, remarcó que los pagos asociados al rezago de 2024 continúan absorbiendo recursos y presionando las cuentas públicas. “Si al cierre de 2025 persiste un nuevo rezago en inversión, las presiones sobre el presupuesto de 2026 se intensificarán, dificultando aún más la sostenibilidad fiscal y limitando la capacidad del Gobierno para utilizar el presupuesto como herramienta de política económica”, insistió.