Cartagena es la primera ciudad de Latinoamérica en pedir crédito directo al BID sin aval del Gobierno

Cartagena dio un paso inédito en América Latina, se convirtió en la primera ciudad de la región en solicitar acceso a una nueva línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permite a los gobiernos locales recibir financiamiento directo, sin necesidad de que exista una garantía soberana del Estado. Este mecanismo, que forma parte de un programa piloto del organismo multilateral, abre una puerta distinta para que las ciudades puedan financiar proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo urbano.

La novedad radica en que, hasta ahora, cualquier municipio interesado en endeudarse con el BID debía contar con el aval del Gobierno nacional, lo que implicaba trámites largos y, en muchos casos, la imposibilidad de acceder a recursos clave. Con esta iniciativa, llamada BID para ciudades y regiones, los territorios podrán solicitar préstamos de hasta 1.000 millones de dólares con procesos más ágiles y condiciones más flexibles.

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El presidente del BID, Ilan Goldfajn, explicó que el objetivo es que los gobiernos subnacionales tengan un papel más activo en la transformación de sus comunidades. “Al proporcionar acceso directo al financiamiento y fortalecer su capacidad institucional, estamos dotando a los gobiernos subnacionales de las herramientas que necesitan para liderar un desarrollo transformador en sus propias comunidades”, aseguró.

De acuerdo con el banco, la fase piloto tendrá una duración de cinco años y contempla cerca de diez operaciones individuales. Cada proyecto deberá ser revisado y aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID, además de contar con la “no objeción” del Gobierno nacional, que seguirá teniendo un rol de supervisión, aunque sin necesidad de fungir como garante.

Los requisitos son claros, los proyectos deben tener un impacto de ciudad, es decir, trascender las administraciones locales y garantizar continuidad incluso si cambia el alcalde. También se exige capacidad de repago y una adecuada planeación de ejecución. “Deben ser proyectos de ciudad, es decir, que aunque cambie el alcalde el proyecto no desaparezca. Además, deben tener la capacidad de repago y, sobre todo, de ejecución”, explicó Ramiro López-Ghio, representante del Grupo BID en Colombia.

La Alcaldía de Cartagena ya dio el primer paso en este nuevo escenario. Según contó María Mercedes Abondano, directora de Cooperación Internacional del distrito, la ciudad está definiendo un paquete de proyectos centrados en agua, saneamiento y drenaje pluvial, con una proyección cercana a los 140.000 millones de pesos. “Estamos definiendo cuáles serían los posibles proyectos a financiar relacionados con agua, canales, acueductos y alcantarillado”, señaló. La operación, precisó, se plantea en pesos colombianos y podría pasar al Directorio Ejecutivo del BID este mismo año.

El programa no solo facilita recursos, también busca fortalecer la capacidad técnica e institucional de los gobiernos locales. En otras palabras, el BID no solo prestará dinero, sino que acompañará con asesoría para estructurar proyectos sostenibles y con impacto real en las comunidades.

En el caso de Colombia, el anuncio se suma a un paquete de entre 2.900 y 3.500 millones de dólares que la entidad multilateral tiene previsto destinar al país entre 2024 y 2027. Estos recursos apuntan a resolver retos estructurales como la desigualdad, la dependencia en hidrocarburos, la falta de diversificación productiva y las debilidades en la capacidad de recaudo.

La apuesta del banco incluye mejorar la cobertura y calidad de la salud primaria y la educación —desde preescolar hasta media—, impulsar la digitalización y fortalecer los servicios urbanos básicos, especialmente agua potable y saneamiento. Otro de los énfasis será la inclusión, el BID espera que los proyectos lleguen con prioridad a mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, población Lgbti+ y migrantes.

El representante del BID en Colombia recalcó que el nuevo instrumento está diseñado para apoyar de manera integral a los territorios. “Es un instrumento que va a apoyar de manera integral a las entidades territoriales con proyectos de inversión. Además, va a fortalecer las finanzas de los mismos en términos de ingresos y gasto público para que puedan tener un mayor músculo financiero y capacidad de ejecución a futuro”, dijo López-Ghio.