Armando Benedetti aseguró que Ricardo Roa no excedió los montos de la campaña de Gustavo Petro: “Vamos a esperar el fallo”

Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral una ponencia de más de seiscientas páginas que tiene como objetivo confirmar que la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022 violó el tope máximo de financiamiento, y sobrepasó las irregularidades en más de $3.500 millones (cifra correspondiente para la primera y segunda vuelta presidencial), en acto que se llevó a cabo el 26 de agosto de 2025.

Con respecto a este nuevo escándalo que involucra al jefe de Estado y a algunos de los hombres que estuvieron a su lado en el proceso electoral, Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió ante los medios de comunicación sobre esta propuesta.

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En primer lugar, afirmó que no se puede abrir un proceso en contra del mandatario nacional.

“Hay una tutela que dice que no se puede investigar al presidente y que el presidente tiene un fuero en este tema. Habría que ver si ese fuero también se extiende a lo que es la campaña presidencial. Entonces, tendríamos que ver si se hace extensivo también a ese tema de la campaña”.

Dejó claro que en ese momento él no tuvo conocimiento de cómo fue el proceso para recibir los recursos, pero defiende a quienes están involucrados, como lo es Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña.

“Y, por otro lado, hay que dejar bien claro que los topes nunca fueron excedidos y que Ricardo Roa, aunque yo no estuve en la parte que tuvo que ver con la recolección o con las recoletas de dinero, estoy seguro de que Ricardo Roa nunca jamás pasó o excedió esos montos”.

La ponencia propone sanciones administrativas para Ricardo Roa y otros directivos de la campaña, así como para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que participaron en el proceso electoral. El texto también contempla la imposición de multas a estas colectividades.

Entre las medidas más destacadas, el informe ordena: “Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido el ciudadano Ricardo Roa Barragán frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación a los topes o límites de gastos a las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”, según el informe conocido por El Tiempo.

La definición de la ponencia dependerá de la correlación de fuerzas dentro del tribunal. El bloque de cinco magistrados, integrado por Álvaro Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Álvaro Campo y Cristian Quiroz, será determinante en la votación.

Por su parte, el sector vinculado al Pacto Histórico cuenta con cuatro magistrados. Las decisiones del CNE requieren al menos seis votos para ser aprobadas, lo que hace necesaria la designación de conjueces en caso de empate o ausencia de consenso.

En este contexto, la magistrada Alba Velásquez no podrá participar en la discusión ni en la votación, debido a dos recusaciones presentadas en su contra tras haber actuado como testigo electoral postulada por la campaña de Petro en ambas vueltas. Esta situación refuerza la previsión de que el caso será resuelto con la intervención de conjueces, conforme a la normativa vigente.

El cuerpo de la ponencia, elaborado por magistrados del Centro Democrático y el Partido Liberal, solicita una sanción económica considerable para Ricardo Roa y la remisión de copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación. Además, se compulsarán copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia encargada de investigar a jefes de Estado.

El texto ordena: “Remitir copia en medio magnético de la presente resolución a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con destino al proceso con radiado 5914, para su conocimiento y fines pertinentes de conformidad con la parte motiva de la presente resolución”.

El análisis de los magistrados incluyó los aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) y los $500 millones entregados por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). También se examinaron contribuciones del Polo Democrático y una factura pagada a Caracol Televisión.