Las advertencias estaban sobre la mesa. Un mes antes de la tragedia, autoridades locales habían alertado al Gobierno sobre los riesgos crecientes en Amalfi, Antioquia, donde confluyen grupos armados en disputa por el narcotráfico y la minería ilegal. Pese a las señales la Policía fue sorprendida con un ataque que dejó 13 uniformados muertos y cuatro más heridos.
Lo que parecía un aterrizaje de rutina se convirtió en una de las emboscadas más mortales de los últimos años. Un helicóptero de la institución quedó reducido a escombros y los cuerpos de los policías cayeron alrededor, víctimas de una trampa preparada con antelación.
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En los minutos posteriores al ataque, circuló la hipótesis de que drones habrían derribado la aeronave. Esa explicación, sin embargo, quedó descartada pocos días después. El propio presidente Gustavo Petro fue quien confirmó el hallazgo, los responsables habían instalado una carga explosiva bajo tierra, lista para ser activada cuando los uniformados iniciaran la evacuación.
“En el momento mismo de empezar a evacuar, cuando los miembros de la Policía ya iban a entrar al helicóptero en tierra, activaron las cargas explosivas. Los cilindros se proyectaron desde la profundidad y explotaron en superficie. La mayoría de policías que rodeaban la aeronave murieron, incluido el subteniente que grababa la operación. El celular quedó como testigo con la grabación hecha”, relató el mandatario en su cuenta de X.
El detalle de la grabación estremeció al país. El joven oficial, que documentaba la operación con su teléfono, no sobrevivió, pero el dispositivo quedó intacto como prueba del instante exacto en que todo ocurrió.
El ataque fue ejecutado con una precisión que sorprendió incluso a los expertos en explosivos. Los cilindros habían sido enterrados a un metro de profundidad y conectados a un sistema de activación remoto. Ni el equipo antiexplosivos ni los caninos lograron detectar la amenaza. Los perros, entrenados durante años para identificar rastros de sustancias químicas, también murieron en la explosión.
“Fue una carga demasiado fuerte, que destruyó el helicóptero y asesinó a 13 héroes de la patria. No fue un dron lo que causó la explosión”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó el ataque como uno de los más sofisticados de la región en la última década.
En el nordeste antioqueño, tres estructuras criminales se disputan el control territorial, el Clan del Golfo, el ELN y la estructura 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá. Las autoridades sospechan que fue esta última la responsable de la emboscada. La presión contra este cabecilla se intensificó después del atentado. El ministro Sánchez anunció una recompensa de 2.000 millones de pesos por información que permita su captura.
La revelación de que el ataque se preparó con meses de anticipación encendió las críticas. Alcaldes de la zona habían solicitado mayor acompañamiento del Ejército y advertido sobre la instalación de campamentos ilegales. Pese a ello, la operación se mantuvo con protocolos habituales, lo que habría facilitado que los grupos armados anticiparan los movimientos de la Policía.
El atentado golpeó no solo a las familias de los uniformados, también a la percepción de seguridad en una región donde la presencia estatal sigue siendo limitada. Las imágenes de los funerales, con ataúdes cubiertos por banderas de Colombia, avivaron el debate sobre la capacidad del Gobierno para proteger a sus tropas en territorios dominados por economías ilegales.
El Ejecutivo prometió reforzar la inteligencia militar y crear nuevas estrategias para enfrentar explosivos de alta letalidad. “Este hecho marcará un precedente en el fortalecimiento de capacidades para enfrentar amenazas explosivas”, aseguró el presidente Petro, al señalar que no habrá tregua en la ofensiva contra los responsables.
Por ahora, lo que queda es el vacío de 13 policías asesinados en cumplimiento de su deber, un helicóptero reducido a cenizas y una grabación que sobrevivió como testigo mudo de la violencia que persiste en Antioquia.
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