La Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una investigación contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por presuntas irregularidades en la construcción y entrega de dos CAI de la Policía durante su gestión como alcalde de Rionegro, Antioquia, entre 2016 y 2019. El proceso, que escaló en los últimos meses, se apoya en denuncias sobre un posible detrimento patrimonial y en la legalidad de los contratos adjudicados para la ejecución de las obras.
El origen de los cuestionamientos se remonta a 2022, cuando una veeduría solicitó una revisión detallada de las actuaciones del entonces alcalde en relación con el proyecto de los CAI. Las sospechas se centraron en dos aspectos: la supuesta omisión en la entrega formal de las estructuras a las autoridades competentes y la modalidad de contratación, que recayó de manera directa en la Empresa de Desarrollo Sostenible de Rionegro. Esta entidad, a su vez, subcontrató a dos compañías para la ejecución de las obras, lo que generó dudas sobre la transparencia y el control de los recursos públicos.
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En el marco de la investigación, la defensa del gobernador de Antioquia solicitó una entrevista con el general (r) Henry Sanabria, que aportó elementos clave para el esclarecimiento de los hechos. El exdirector de la Policía confirmó que, bajo su dirección, la institución recibió formalmente los dos CAI objeto de controversia. Según su relato, ambos cumplían con los requisitos técnicos y operativos para ser incorporados a los activos policiales.
“Estaban en condiciones dignas para ser utilizados”, reveló a Semana. Además, dijo que la dotación de los mismos respondía a la alta incidencia de homicidios, hurtos y extorsiones en la jurisdicción.
El general (r) Sanabria evocó el acto de entrega de las infraestructuras: “Viajé a la ciudad de Rionegro, en donde, en medio de una ceremonia policial en la plaza principal, con la presencia del alcalde (Rodrigo Hernández) y otras autoridades y los medios de comunicación, se hizo el anuncio de la recepción de los CAI. Posteriormente, nos desplazamos a cada uno de ellos haciendo la entrega de las motocicletas a la comunidad con la dotación de los policías”. Este testimonio refuerza la versión de que las obras no solo se entregaron, sino que también se pusieron en funcionamiento con la participación de las autoridades locales y la comunidad.
Otro aspecto relevante del testimonio de Sanabria es la insistencia de Andrés Julián Rendón en la necesidad de formalizar la entrega de los CAI. El exdirector de la Policía relató que el entonces comandante de la Policía de Antioquia, coronel Mazo, le transmitió que Rendón había solicitado reiteradamente a la Dirección General de la Policía la recepción de las infraestructuras, con el objetivo de evitar que la falta de presencia institucional agravara la situación de violencia en los sectores afectados.
“El coronel Mazo (entonces comandante de la Policía de Antioquia) me dijo que, efectivamente, desde hacía varios años el alcalde Rendón había solicitado a la Dirección General de la Policía la recepción de los mismos para evitar que se continuara con la violencia que generaría en estos sitios, y que no había recibido respuesta oportuna”, detalló Sanabria.
A pesar de estos elementos, la Fiscalía sostiene la hipótesis de que el gobernador Rendón incurrió en irregularidades administrativas. En función de esta premisa, el ente investigador ordenó la interceptación de las comunicaciones de Andrés Julián Rendón durante 70 días en el segundo trimestre de 2025. La legalidad de estas escuchas se sustentó en una orden judicial que ha sido objeto de controversia, lo que añade un componente adicional de debate jurídico al caso.
El proceso judicial se encuentra en una fase decisiva, con la Fiscalía profundizando en la revisión de los contratos y la gestión de los recursos públicos, mientras la defensa del gobernador de Antioqua aporta testimonios y documentos que buscan demostrar la legalidad y el impacto positivo de las obras. La controversia sobre la entrega y funcionamiento de los CAI de Rionegro se convirtió en un punto de inflexión para la administración departamental y para la evaluación de los mecanismos de control en la ejecución de proyectos de seguridad ciudadana.
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