La desarticulación de una red criminal dedicada a la explotación sexual infantil y a la transmisión en vivo de los abusos ha impactado a varias regiones de Colombia.
Cinco personas fueron capturadas y judicializadas tras una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro), lo que permitió rescatar a dos niñas víctimas y evidenciar el uso de plataformas de mensajería instantánea para la difusión de material de abuso sexual infantil tanto en Colombia como en el exterior.
La investigación, en la que participó la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de la Fiscalía, se centró en identificar y rastrear una red que operaba desde Bucaramanga (Santander), El Banco (Magdalena), Chiriguaná (Cesar) y municipios del departamento de Córdoba.
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Las autoridades establecieron que los responsables grababan y transmitían en tiempo real los abusos cometidos contra menores, utilizando aplicaciones de mensajería para compartir los videos con contactos dentro y fuera del país. El modus operandi de la organización incluía la producción de registros audiovisuales de los abusos, algunos de los cuales se emitían en directo.
Los contenidos eran distribuidos a través de plataformas digitales, lo que facilitaba su alcance internacional y la rápida circulación entre miembros de la red y otros destinatarios. Las pesquisas revelaron que, en algunos casos, los agresores sometían a las víctimas para generar material que luego era compartido con otros implicados.
Durante los operativos realizados en El Banco, Chiriguaná y Bucaramanga, las autoridades capturaron a Miguel Ángel Araque Vargas, Richard José Montecinos Gómez, Jonh Freddy Moreno Acevedo, Marcos Daniel Romero Díaz y una mujer de nacionalidad venezolana.
Esta última fue acusada de someter a su propia hija y a su nieta, de 5 y 11 años respectivamente, a agresiones sexuales que eran grabadas y transmitidas en vivo. Los detenidos fueron identificados tras meses de seguimiento y labores de inteligencia coordinadas entre la Fiscalía y la Dipro.
Las dos menores rescatadas quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad encargada de su cuidado y del restablecimiento de sus derechos. El Icbf asumió la custodia de las niñas, garantizando su seguridad y acceso a los servicios necesarios para su recuperación.
En el ámbito judicial, la Fiscalía imputó a los capturados los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, proxenetismo con menor de edad, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los implicados, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
La investigación también identificó a otra mujer presuntamente vinculada a la red, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos. Contra ella pesa una notificación azul de Interpol, mecanismo internacional que facilita la localización de personas de interés para la justicia. Las autoridades colombianas esperan que, una vez concluidos los trámites correspondientes, esta persona sea deportada para responder ante la justicia nacional por su presunta participación en los delitos investigados.
Las autoridades destacaron la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración de la comunidad para prevenir y combatir la explotación sexual infantil, con el objetivo de evitar que se repitan casos como el desmantelado en esta operación.
En Colombia existen diversas líneas y canales oficiales para reportar situaciones de maltrato infantil, abuso sexual o violencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) habilita el número 141 y la línea nacional 01 8000 91 80 80, disponibles siempre para denuncias. La Fiscalía General de la Nación a tiende comunicaciones al 122 y en su página web. También se puede contactar a la Policía Nacional usando el 123 para emergencias. Las Comisarías de Familia y entidades locales prestan apoyo adicional y activan protocolos de protección.
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