Uno de los objetivos de los procesos de paz es reivindicar a los afectados, labor de la que se hace cargo en la mayoría de los casos la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv).
Precisamente, en un proceso liderado por la unidad, más de 1.100 personas afectadas por el conflicto armado en el Eje Cafetero recibieron indemnizaciones económicas durante la última semana.
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En un comunicado expuesto por la Uariv, se expone que esta labor es parte de los esfuerzos de reparación integral por los daños sufridos a causa de la violencia, y que el monto total entregado supera los 12.000 millones de pesos, que fueron distribuidos entre víctimas de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
El proceso de indemnización, que fue coordinado por la unidad, vinculó exclusivamente a quienes han sido reconocidos oficialmente como víctimas del conflicto armado por Justicia y Paz.
Para acceder a este beneficio, los solicitantes debían estar incluidos en el Registro Único de Víctimas y cumplir con los criterios legales, que priorizan a personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres cabeza de hogar.
Desde la unidad informaron que la entrega de estos recursos busca compensar los daños sufridos y contribuir a la reconstrucción de proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Durante el acto de entrega, representantes de la entidad afirmaron a los beneficiados que la indemnización representa un reconocimiento al “sufrimiento de quienes han vivido el conflicto y una herramienta para que puedan reconstruir sus vidas”. De la misma forma, autoridades en el Eje Cafetero respaldaron la iniciativa, destacando el impacto positivo en las comunidades afectadas y la necesidad de mantener el acompañamiento institucional a las víctimas.
Entre los beneficiarios compartieron sus experiencias sobre el significado de recibir esta compensación, resaltando que les permite acceder a educación, vivienda o iniciar pequeños emprendimientos, aspectos fundamentales para superar las secuelas del conflicto.
“Es una oportunidad para empezar de nuevo y brindar mejores condiciones a la familia”, indicó uno de los beneficiados.
Sobre la región en la que se registró la entrega, la entidad indicó que Caldas, Quindío y Risaralda, han sido escenario de múltiples episodios de violencia en el conflicto armado colombiano, lo que ha dejado miles de víctimas directas e indirectas.
Cabe destacar que la política de reparación integral contempla no solo la indemnización económica, sino también medidas de atención psicosocial, restitución de derechos y garantías de no repetición. En años anteriores, la región ya había recibido entregas similares, aunque el número de personas atendidas y los recursos asignados han sido aumentados simultáneamente con el avance de los procesos de Justicia y Paz, reflejando el compromiso de reparar a las víctimas de los firmantes.
“La Unidad para las Víctimas mantiene su compromiso de avanzar en la atención y reparación de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto, con el objetivo de restituir derechos y fortalecer la esperanza en las comunidades afectadas”, puntualiza el comunicado.
Víctimas de Ramón Isaza también serán beneficiadas
Fuentes de Infobae Colombia informaron que en las próximas semanas se registrará una entrega similar para víctimas asociadas a actos ilegales de Ramón Isaza “El Viejo”, uno de los jefes paramilitares más longevos durante el auge de las AUC.
Conocido como “El Viejo”, Isaza fue uno de los fundadores de las AUC en el Magdalena Medio, por lo que fue testigo directo de lo registrado con los tres hermanos Castaño.
En el proceso de desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, Ramón Isaza entregó las armas junto a centenares de combatientes bajo sus órdenes. Como parte de los acuerdos alcanzados con el gobierno, aceptó participar en la Ley de Justicia y Paz, que le otorgó beneficios jurídicos a cambio de confesión de crímenes, reparación a las víctimas y colaboración con la verdad.
Isaza fue capturado en 2006 y procesado por múltiples delitos, incluidos homicidio, desplazamiento forzado y desaparición forzada. En prisión compareció sobre su rol al interior del grupo paramilitar. Tras terminar el proceso de Justicia y Paz fue dejado en libertad en 2017
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