Rotorr responde a la UNAL y acusa a rector Múnera de revocar delegados y afectar proyectos sociales

La relación entre la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Corporación Rotorr entró en una nueva fase de confrontación.

Recientemente, la entidad se pronunció a través de un comunicado para responder a las declaraciones del rector Leopoldo Múnera, aclarando que la decisión de retirar a los representantes de la universidad del Consejo Directivo no fue suya, sino del propio rector.

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De acuerdo con lo publicado por Blu Radio, Rotorr señaló en el documento que “fue el rector quien revocó intempestivamente los nombramientos de los profesores designados y comunicó oficialmente que no asistiría más a las reuniones del Consejo”. Según la corporación, los delegados que aún participan en las sesiones lo hacen amparados en la presunción de legalidad.

Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno a la transparencia en el manejo de información. Frente a los señalamientos de la Rectoría, la corporación sostuvo que ha entregado la documentación solicitada y que incluso existen decisiones judiciales que respaldan su postura.

En particular, recordaron tres fallos en los que se concluyó que Rotorr sí cumplió con las obligaciones de responder derechos de petición. Entre ellos figura la negación de una tutela interpuesta por la UNAL, con la cual buscaba mayor acceso a información.

Según el comunicado, el tribunal consideró válido que los documentos fueran habilitados en la plataforma SecureDocs.

La corporación argumentó que lo que realmente ha generado fricciones es la intención de la Rectoría de obtener acceso irrestricto a archivos estratégicos. Según Rotorr, esa solicitud excedería los límites de la ley y vulneraría disposiciones constitucionales sobre reserva de información.

Más allá de la disputa administrativa y legal, la corporación llamó la atención sobre las repercusiones sociales que, aseguran, se han producido a raíz del conflicto. En el comunicado difundido y citado por Blu Radio, se denunció que la no renovación de un contrato por parte de la Unidad para las Víctimas, atribuida a la controversia institucional, provocó la pérdida de empleo para 140 familias campesinas en cinco municipios de Bolívar, Antioquia y Meta. Dicho contrato estaba relacionado con los denominados laboratorios de paz gestionados por Rotorr en esas regiones.

En el ámbito académico, la corporación advirtió sobre un impacto negativo en los apoyos a estudiantes de la UNAL. Según la versión entregada, algunos beneficios del Fondo de Apoyo Estudiantil (FAE) han disminuido, pese a que Rotorr ha continuado realizando aportes financieros para su sostenimiento. Se planteó que ciertas dependencias de bienestar universitario no estarían aplicando los recursos disponibles por “temor a represalias o instrucciones de la Rectoría”, lo que habría reducido el acceso de estudiantes vulnerables a estos auxilios.

Rotorr también enfatizó en que las actuaciones de la corporación han sido revisadas por organismos de control del Estado sin que se presenten sanciones. En el comunicado se subrayó que se ha atendido cada requerimiento de entidades como la Contraloría General, la Dian y la Contaduría General de la Nación. Según precisaron, en ninguna de esas evaluaciones se han encontrado hallazgos de carácter fiscal, disciplinario ni penal.

Otro aspecto del pronunciamiento estuvo dirigido a desmentir al rector Múnera sobre la supuesta “privatización” de la Universidad Nacional a través de Rotorr. La corporación afirmó que tanto la universidad como la entidad son instituciones de carácter público y que no existe una intención de trasladar recursos o competencias hacia actores privados. Además, aclaró que no han suscrito contratos con la Procuraduría General de la Nación. No obstante, señalaron que este organismo sí ha emitido conceptos solicitando la nulidad del acto de elección del actual rector.

El comunicado concluyó con un llamado a superar las diferencias y trabajar conjuntamente. En palabras de la corporación, citadas por Blu Radio: “No podemos traicionar nuestro compromiso con la UNAL por intereses políticos”. La invitación estuvo dirigida de manera directa al rector Leopoldo Múnera, con la intención de encaminar los esfuerzos hacia proyectos que beneficien a las comunidades más vulnerables del país.

El intercambio de señalamientos entre la Rectoría y Rotorr pone de relieve las tensiones alrededor del manejo de recursos y de la autonomía institucional. Mientras la universidad insiste en mayor control sobre la corporación, esta última responde con argumentos legales y advertencias sobre el impacto de la confrontación en programas sociales y académicos.

En medio de este escenario, el desenlace dependerá no solo de los pronunciamientos públicos, sino también de las instancias judiciales y administrativas que siguen revisando la situación. Por ahora, lo cierto es que la disputa entre la Universidad Nacional y Rotorr sigue abierta y con efectos que trascienden los muros de la academia para llegar a comunidades campesinas y estudiantes en situación de vulnerabilidad.