La advertencia sobre una posible descertificación de Colombia en su lucha antidrogas por parte del Gobierno de Estados Unidos ha encendido todas las alarmas en los sectores público y privado.
De concretarse, el país podría enfrentar un duro golpe económico, con pérdidas de hasta mil millones de dólares anuales solo en ingresos turísticos, según estimaciones de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (Amcham).
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El informe, presentado por María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham, detalla que la decisión de Washington dependerá principalmente del avance en la reducción de cultivos ilícitos, que representa el 50 % de la evaluación.
No obstante, los últimos datos muestran un aumento del 9 % en el área sembrada de coca, alcanzando las 252.572 hectáreas al cierre de 2024.
“La situación es comparable a una matrícula condicional: si no se presentan resultados inmediatos, las consecuencias serán inevitables”, advirtió Lacouture.
Entre las sanciones posibles en caso de una descertificación total se contemplan la suspensión de asistencia económica y militar, la imposición de aranceles a productos colombianos, la pérdida de acceso a créditos en organismos multilaterales y un deterioro en la imagen país ante inversionistas internacionales.
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En lo comercial, la descertificación podría impactar fuertemente a sectores clave de exportación. Actualmente, cerca de la mitad de los productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense podrían enfrentar nuevos aranceles.
Aunque hoy la tarifa promedio es del 10 %, la más baja en décadas, no se descartan medidas más severas en un escenario de alta tensión.
Los duros golpes económicos en caso de que EE.UU. desertifique a Colombia
Otro golpe sería la pérdida de 45 millones de dólares anuales en cooperación bilateral, fondos que actualmente se destinan a seguridad, desarrollo rural y asistencia técnica.
Esta ayuda ha sido crucial en regiones afectadas por el conflicto armado y la criminalidad, donde las instituciones aún enfrentan desafíos estructurales.
El turismo, uno de los sectores más dinámicos de la economía, también se vería gravemente afectado. De elevarse el nivel de alerta de viaje para Colombia, se estima que el país perdería más de 1.000 millones de dólares al año por la disminución de visitantes estadounidenses.
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La alerta, según Amcham, también impactaría la llegada de turistas de otros países que toman como referencia las advertencias de EE. UU.
A pesar de los avances en interdicción y extradiciones, el aumento de los cultivos ilícitos y la reciente suspensión de algunas extradiciones por parte del gobierno de Gustavo Petro son factores que juegan en contra de Colombia en esta evaluación.
El informe de Amcham asigna a Colombia una calificación de entre 0,5 y 1,0 sobre 5 en materia de reducción de cultivos, el indicador más relevante del análisis.
Un escenario intermedio, donde Colombia reciba una certificación condicionada o por interés nacional, permitiría mantener la cooperación sin la imposición de sanciones drásticas.
No obstante, para ello es necesario presentar un plan de acción creíble y con resultados tangibles en el corto plazo.
“No se trata de erradicar 30.000 hectáreas de un día para otro, sino de demostrar voluntad política real y una estrategia clara”, afirmó Lacouture.
El sector privado ha intensificado su interlocución con Washington desde inicios de año, presentando avances y compromisos.
Sin embargo, la decisión final recae en el presidente de Estados Unidos, quien tiene plazo hasta el 15 de septiembre para anunciar el veredicto.
La historia reciente muestra que Colombia ya enfrentó una descertificación en los años 1996 y 1997, con graves repercusiones diplomáticas y económicas.
A pesar del panorama preocupante, Amcham sostiene que aún hay margen de maniobra si el Gobierno Nacional actúa con rapidez y determinación.
La clave está en activar un diálogo sólido con EE. UU., involucrar al Congreso, los gremios, el sector privado y articular un frente común que respalde un plan serio de lucha contra los cultivos ilícitos.
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