Centro Democrático salió en defensa del gobernador de Antioquia por interceptaciones de la Fiscalía en su contra

Las reacciones a las interceptaciones ordenadas por la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han venido desde diversos sectores políticos que han calificado dichas acciones como una “persecución judicial”.

Dentro de estas reacciones se destacó la del partido Centro Democrático, colectividad a la que pertenece el mandatario antioqueño, que a través de un comunicado divulgado por sus canales digitales, rechazó las interceptaciones reveladas por el diario regional El Colombiano.

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En el documento, la colectividad uribista calificó estas acciones como una “persecución emprendida por el Estado” en contra del gobernador y varios congresistas pertenecientes a ese partido.

“El Centro Democrático rechaza con firmeza la persecución emprendida por el Estado contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y contra congresistas de nuestra colectividad“, señaló en un comunicado.

A su vez, explican que el hecho de que, según el medio de comunicación citado, la orden de intervenir las comunicaciones privadas de Rendón, a partir de mayo de 2025, vino directamente desde la cabeza de la Fiscalía General de la Nación, lo que la colectividad señaló como un hecho de “gravedad extrema”.

Para el partido, esto demuestra que las diferentes instituciones del país están siendo utilizadas para ejercer persecución en contra de los contradictores a las ideas del Gobierno nacional. Sumado a esto, calificaron la orden de Camargo como “arbitraria” y rechazaron que desde la entidad judicial se hayan referido al gobernador con términos que no correspondían.

“La denuncia revelada por El Colombiano sobre la interceptación ilegal de la Fiscalía al gobernador Rendón reviste una gravedad extrema: demuestra que las instituciones están siendo utilizadas como herramientas de intimidación contra la oposición. Resulta arbitrario que se ordenara interceptarlo durante 71 días, desde el 14 de mayo, y que incluso en documentos judiciales se le señale como “imputado” y hasta “condenado”, sin serlo", se leyó en el documento.

De acuerdo con el diario regional, en la resolución con la que se ordenaron las interceptaciones, la entidad se refería al mandatario antioqueño como “imputado” o “condenado”, esto con relación a presuntas irregularidades en la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) de Policía en el municipio de Rionegro en mayo de 2022.

Sin embargo, lo que resulta indignante para el Centro Democrático, es que dichos términos se emplean únicamente en fases específicas de un proceso judicial. No obstante, según el diario regional, el proceso en contra de Rendón no ha tenido avances desde que fue electo para liderar el rumbo del departamento.

Incluso, la colectividad mencionó la respuesta de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá sobre las interceptaciones ordenadas desde la entidad judicial. Según el partido uribista, la togada señaló que las interceptaciones no contaban con la debida justificación ni soporte judicial para aportar al proceso.

“La propia magistrada Marcela Márquez Rodríguez, del Tribunal Superior de Bogotá, calificó de desproporcionadas dichas interceptaciones al advertir que no estaban debidamente justificadas ni soportadas”, explicó el comunicado.

Sumado a su rechazo por las interceptaciones, la colectividad le expresó su solidaridad al gobernador antioqueño, al que calificó como un hombre íntegro que pone su amor por el departamento por delante en cada una de las acciones que adelanta dentro de su gestión.

Finalmente, señalaron que este hecho es un intento más por “amordazar” a la oposición para impedir el ejercicio del control político a la Administración gubernamental en defensa de la democracia.

“El Centro Democrático expresa su respaldo absoluto al gobernador Andrés Julián Rendón, hombre íntegro, trabajador y comprometido con Antioquia, y denuncia ante el país que este es un nuevo intento por amordazar jurídicamente a la oposición y a quienes ejercen control político en defensa de la democracia”, concluyó el documento.