En las comunidades indígenas y campesinas de Mocoa, la tensión se ha instalado junto con la incertidumbre. A pocas semanas de comenzar el proceso anunciado por Corpoamazonia para declarar como reserva cerca del 70% del territorio municipal, la Red de Veedurías de Colombia denunció este 19 de agosto que tal decisión estaría vulnerando los derechos fundamentales de sus habitantes y omite la obligatoria consulta previa, según lo denunció su titular, Pablo Bustos.
La organización de control social advirtió en un comunicado que la corporación ambiental justifica su proceder bajo un trámite de “compilación y actualización”, pero señaló que la realidad es muy distinta. “Lo que se presenta como un trámite administrativo es, en realidad, una maniobra irregular que favorece intereses particulares y deja en el desamparo a campesinos e indígenas que dependen directamente de este territorio”, expresó Bustos sobre el particular.
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Los representantes de la mencionada recorrieron los centros poblados de Putumayo, y recogieron las voces en alerta de líderes y comuneros. “Acompañaremos las quejas y denuncias formuladas y estaremos atentos al desarrollo a efecto de que no se atropellen los derechos de la comunidad so pretexto de proteger el medio ambiente y la diversidad en el departamento del Putumayo”, agregó Bustos, presidente de la Red de Veedurías, que le puso la lupa a este asunto.
Para el reconocido veedor, declarar el 70% de Mocoa como reserva natural “sin consulta previa de las comunidades indígenas y tribales, y sin el respeto del proceso democrático y de la configuración geográfica para respetar esa biodiversidad amazónica que compone el departamento del Putumayo”, constituye a todas luces un grave error y una amenaza a la democracia ambiental que debe existir en decisiones de este tipo, que comprometen a todo un entorno.
Un proyecto que se ejecutaría de “manera agazapada”, según la Red de Veedurías de Colombia
La denuncia añadió que el proyecto ambiental fue “publicado de manera agazapada, a escondidas de la gente y sin consulta previa”. Por esto, la Red pidió la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación para que activen todos los controles institucionales y esclarezca la legalidad del proceso en curso, en relación con la intención de Corpoamazonia de adelantar esta declaratoria.
El pronunciamiento de Bustos pondría en evidencia posibles trasfondos políticos y de intereses ajenos al cuidado del territorio, mientras remarca que la declaratoria sin dialogar con los afectados puede “afectar gravemente el desarrollo de la región y obedece a intereses politiqueros”. Un tema que merece, en su concepto, un análisis profundo, pues el accionar de la corporación autónoma estaría violando la Constitución Política y la Ley 99 de 1993.
En efecto, esta normativa especifica el Sistema Nacional Ambiental y se suma al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OI) que protege la consulta previa y la autodeterminación de los pueblos indígenas. “Estamos ante actuaciones ilegales que desconocen el principio de buena fe, el debido proceso y el deber de proteger la Amazonía como patrimonio ambiental de la Nación”, advirtió Bustos, que espera que esta transformación no avance.
En ese orden de ideas, la Red de Veedurías exigió que se frenen las acciones administrativas hasta esclarecer su validez y se sancione a los funcionarios responsables “de vulnerar derechos colectivos”. El llamado es a que “la voz de quienes habitan y protegen el territorio debe ser escuchada y respetada, no silenciada ni sustituida por maniobras administrativas al servicio de intereses ocultos”, puntualizó Bustos sobre este delicado asunto.
“Como presidente de la Red de Veedurías de Colombia, reafirmo nuestro compromiso de acompañar a las comunidades en esta lucha y de exigir que se restablezca el orden jurídico y ambiental en el Putumayo”, concluyó Bustos en su mensaje, con el que dejó en claro que irá hasta las últimas consecuencias jurídicas para impedir que se declare como reserva el 70% de la capital del Putumayo.
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