
El expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas continuará privado de la libertad en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento en su contra dentro del proceso que lo vincula al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión judicial, adoptada el 19 de agosto de 2025, se convierte en un nuevo golpe para el congresista del Partido Liberal, que había solicitado un control sobre la medida de detención preventiva impuesta el 7 de mayo del mismo año.
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El alto tribunal declaró “impróspera la solicitud de control de medida de aseguramiento presentada por el defensor del congresista de la República ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS”, dejando en firme la privación de su libertad.
La decisión de la Corte y los delitos imputados

La Corte Suprema de Justicia tenía como base la investigación en curso contra Calle por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado, ambos en calidad de interviniente. Estos tipos penales se relacionan con conductas de corrupción que involucran tanto el recibimiento de dádivas indebidas como la apropiación irregular de recursos públicos.
En su decisión, el alto tribunal sijo que el defensor no logró demostrar la afectación a derechos fundamentales en la decisión que hoy mantiene preventivamente privado de la libertad a Calle. La Sala Especial de Primera Instancia soportó la decisión en prueba legalmente obtenida y valorada dentro de los criterios de la sana crítica.
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La detención preventiva de Calle se dictó en paralelo a la de Iván Name, expresidente del Senado de la República, también investigado por el mismo caso. De acuerdo con los testimonios rendidos por la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, y el ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd Sneyder Pinilla, los congresistas habrían recibido millonarios sobornos.

Según estas declaraciones, se habrían entregado hasta $4.000 millones por orden de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con el fin de garantizar el respaldo a las reformas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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En este contexto, Calle fue capturado el mismo 7 de mayo y trasladado dos días después a La Picota, centro penitenciario donde también se encuentra recluido Name.
Las aclaraciones de la defensa
La captura de Andrés Calle estuvo rodeada de rumores que apuntaban a un presunto intento de fuga, lo que motivó una respuesta pública de su abogado, Billy Torres. En rueda de prensa, el abogado Billy Torres aseguró que tales versiones carecían de fundamento y que su cliente nunca intentó evadir la justicia.
“Eso fue un malentendido. Fueron rumores que se quedaron en eso, en solo rumores. El señor Andrés ha tenido, y lo tendrá, un respeto por la justicia, por las instituciones y por supuesto, por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Él no estuvo ni tuvo la intención de no cumplir la orden. Inclusive quien estaba incapacitado era yo. ¿Estaba con un problema médico debidamente diagnosticado y bueno, en medio de todo esto entenderán el desplazamiento, las horas. No conocíamos la decisión, pues fueron cuestión de minutos. Tampoco fue mucho tiempo”, explicó la defensa.
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Torres también aclaró que, al momento de hacerse efectiva la orden de captura, su cliente no estaba en su residencia, lo que generó la confusión. Sin embargo, más tarde se entregó voluntariamente al CTI de la Fiscalía, gesto que, según la defensa, evidencia la voluntad del congresista de acatar las decisiones judiciales.
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