La Sala Plena del Consejo de Estado cerró la puerta a la demanda que buscaba la pérdida de investidura del representante Miguel Polo Polo, luego de que un abogado, Alí Bantú Ashanti, alegara que el congresista habría solicitado parte de los salarios de dos de sus asesores en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Según el fallo, aunque los salarios provienen del presupuesto general de la Nación, una vez ingresan al patrimonio de los trabajadores dejan de ser considerados recursos públicos, por lo que no aplican las causales constitucionales de pérdida de investidura.
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El caso se originó a partir de conversaciones en las que Orlando Luis Álvarez, coordinador de la UTL, admitió que junto a Dayi Marlen Sedano, asesora grado II, Polo Polo habría solicitado parte de su remuneración: 4.500.000 y 1.500.000 pesos mensuales, respectivamente.
En su momento, el congresista justificó estas solicitudes como necesarias para cubrir gastos operativos de su labor legislativa, incluyendo combustible, peajes y lavado de vehículos oficiales.
El Consejo de Estado destacó que la conducta atribuida a Polo Polo podría ser investigada en el ámbito penal y disciplinario, pero no encaja en las causales de pérdida de investidura.
Según el tribunal, “la Sala no pone en tela de juicio que exigir a los miembros de la UTL parte de su salario constituya una conducta a todas luces reprochable que no sólo quebranta el derecho del trabajador a decidir cómo y cuándo administra la contraprestación de su servicio. Sin embargo, no es posible sancionarla por vía del artículo de la Constitución porque no se cumple con los supuestos de que se trate de dineros públicos y que hayan sido indebida e indirectamente destinados por el congresista”.
La decisión, que generó cinco salvamentos de voto —incluidos los del presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, y los consejeros Juan Camilo Morales, Adriana Polidura Castillo, Jorge Edison Portocarrero y José Roberto Sáchica Méndez—, se apoya en una interpretación restrictiva de lo que constituye “dinero público” una vez estos fondos pasan a manos de los trabajadores.
La Sala Plena enfatizó que, aunque los salarios provienen del presupuesto nacional y forman parte de los gastos de funcionamiento del Estado, al ingresar al patrimonio de los empleados pierden su carácter de recurso público.
El tribunal subrayó que, pese a la inexistencia de fundamento jurídico para la pérdida de investidura, la conducta de Polo Polo puede ser objeto de investigación por la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, donde ya se han presentado denuncias en su contra.
El fallo también recordó que la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos debe aplicarse de manera restrictiva, racional y proporcional, dado el impacto grave que implica para la carrera política de un congresista.
“La pérdida de investidura pretende sancionar prácticas reprochables de los congresistas por la ‘realidad de desprestigio que irradia la institución del Congreso, y que pone en riesgo su credibilidad como institución representativa del sistema democrático’. La causal es de textura abierta, pero al hacer parte del derecho sancionatorio, la interpretación de las causales debe ser restrictiva, racional y proporcional”, explicó el tribunal.
La riña entre María José Pizarro y Miguel Polo Polo por la muerte de Uribe Turbay
El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, tras permanecer dos meses en la UCI luego de un atentado el 7 de junio de 2025, ha intensificado la confrontación política en Colombia.
Polo Polo responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro y a su gobierno por la muerte del senador, afirmando que Uribe solicitó en 25 ocasiones el refuerzo de su esquema de seguridad, solicitudes que, según Polo Polo, fueron negadas.
Estas declaraciones generaron una reacción inmediata de la senadora y aspirante presidencial María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico, quien solicitó a la Corte Suprema que investigue los reiterados señalamientos de Polo Polo, argumentando que constituyen una campaña de hostigamiento que pone en riesgo la integridad de los miembros de su movimiento.
Pizarro destacó que aprovechar un momento de dolor para “sembrar odio y violencia” es entrar en el juego de los terroristas y reiteró la necesidad de paz en el país.
En respuesta, Polo Polo rechazó las acusaciones y cuestionó la autoridad moral de Pizarro, aludiendo a su historia familiar y su cercanía con el gobierno actual.
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