
El debate en torno a la reforma pensional volvió a encenderse luego de que el procurador general, Gregorio Eljach, enviara a la Corte Constitucional un concepto en el que asegura que el Congreso cumplió con los requisitos exigidos para subsanar los errores en su trámite legislativo.
Frente a ello, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su desconcierto ante las voces que aún se oponen a la propuesta.
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“Solo hay un colombiano que dice que se opone a que tres millones de viejitos y viejitas tengan un bono pensional“, escribió en su cuenta de X, en lo que pareciera una pulla directa al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.
Y agregó: “La Procuraduría acaba de decir que se subsanó el trámite de la Reforma Pensional. El Congreso DOS VECES ya mostró su voluntad a favor de la Reforma. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Con quién me quejo?”.

El trámite y el limbo jurídico de la reforma
La controversia se remonta al 28 de junio, cuando la Plenaria de la Cámara de Representantes volvió a aprobar la reforma pensional después de que la Corte Constitucional ordenara devolverla por vicios de trámite. En respuesta, el Gobierno convocó sesiones extraordinarias para corregir las fallas y garantizar que la discusión del articulado se realizara en debida forma.
La Corte, mediante un auto firmado por el magistrado Ibáñez, dio un plazo de tres días para que se enviaran las actas que demostraran que el trámite se ajustó a lo ordenado. Sin embargo, pese a la rápida actuación del Congreso, el proyecto continúa en un limbo jurídico, en medio de nuevas denuncias de irregularidades y de la falta de notificación formal de algunos pasos del proceso.
El concepto de la Procuraduría

En su pronunciamiento, la Procuraduría General de la Nación respaldó la actuación del Legislativo, señalando que no se encontraron irregularidades que comprometieran la validez del procedimiento. El documento enfatizó que el Ministerio de Hacienda había emitido un concepto favorable sobre el impacto fiscal del proyecto antes del debate del 28 de junio, despejando dudas sobre la viabilidad económica de la reforma.
“Dado todo lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emite concepto favorable al articulado del texto del informe de ponencia para segundo debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley N°. 433 de 2024 Cámara y 293 de 2023 Senado…”, cita el concepto.
El procurador concluyó que “no se evidencian irregularidades que comprometan la validez del procedimiento legislativo, ni se configura una afectación a los derechos de los congresistas o al debido proceso legislativo”. Además, pidió a la Corte Constitucional tener en cuenta que la reforma “ha sembrado la esperanza de millones de colombianos” y que el sistema actual es insostenible.

Aunque el concepto de la Procuraduría no es vinculante, su peso técnico puede influir en la decisión que tomará la Corte Constitucional en las próximas semanas. Si la Corte confirma que el trámite fue ajustado a la Constitución, el proyecto podría avanzar hacia su implementación, lo que implicaría cambios estructurales en el sistema de pensiones.
La reforma contempla la creación de un sistema de protección social integral que garantice un bono pensional a alrededor de tres millones de adultos mayores que hoy no cuentan con una pensión, además de ajustes para mejorar la sostenibilidad financiera del sistema.
La decisión final no solo tendrá impacto en la política social y económica del país, también en el panorama político, ya que este es uno de los proyectos más relevantes para el Gobierno en el actual periodo legislativo.
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