Corte Suprema aceptó la solicitud de retirar la acusación a Cecilia Álvarez Correa, en caso Odebrecht: “Deberá presentar un escrito de acusación o solicitar preclusión”

La decisión de la Fiscalía de retirar la acusación contra la exministra Cecilia Álvarez Correa ha marcado uno de los más recientes giros en el proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht.

En un pronunciamiento formal ante la Corte Suprema de Justicia, el representante del ente acusador dejó en claro la dirección que tomará la investigación en esta etapa del caso.

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En palabras de la Fiscalía, “efectivamente, representada por el suscrito delegado, ratifica la intención de un retiro del escrito de acusación y que se modifique esta como obligación”.

El funcionario explicó que la actuación responde a criterios jurisprudenciales preexistentes, agregando: “Tal como lo igualmente lo tienen señalado las decisiones referenciadas igual que otras de ya de larga data en el sentido de que de la mano del retiro del escrito acusación con naturales, la obligación de volver a presentar un escrito de acusación o solicitar preclusión”.

La audiencia ante la Corte Suprema también dejó claro el paso procesal que seguirá la Fiscalía.

“Entonces, en ese sentido, la solicitud complementaria, es decir, la modificación del sentido de la audiencia para poder hacer la manifestación, verbalizar la solicitud de preclusión y está igualmente refrendada por este delegado verbalmente en esta audiencia, señor magistrado”, expresó el delegado.

La acusación retirada formaba parte del expediente del escándalo de corrupción de Odebrecht, caso que ha implicado a altos exfuncionarios en diversas etapas de investigación judicial en Colombia y otras partes de Latinoamérica.

Las declaraciones de la Fiscalía delinean el procedimiento judicial vigente tras este retiro: la autoridad debe decidir si reestructura el escrito de acusación o si, en su defecto, solicita de manera formal la preclusión, lo que equivaldría al cierre del proceso para la exministra en este caso específico.

Fiscalía acusa a exdirectivos de la ANI por escándalo de Ruta del Sol II, relacionado con Odebrecht

El informe pericial que evaluó el impacto económico del escándalo de la Ruta del Sol II arrojó una cifra contundente: los gastos derivados de la finalización anticipada del contrato y las irregularidades cometidas alcanzaron los $13.7 billones de pesos.

De ese monto, $2.7 billones correspondieron a sobrecostos generados por la necesidad de celebrar nuevos contratos para continuar las obras inconclusas.

Además, $45.000 millones se destinaron a asesorías jurídicas y laudos arbitrales a favor de la concesionaria, de los cuales $25.000 millones fueron pagados como resultado de un fallo arbitral.

Este balance financiero ilustra la magnitud del daño ocasionado al Estado colombiano y sirve como telón de fondo para la reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación de acusar formalmente a tres exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por presuntas irregularidades en la gestión contractual de este megaproyecto.

La acusación, presentada por la Fiscalía señala a Héctor Jaime Pinilla Ortiz, exvicepresidente jurídico; Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de Gestión Contractual; y Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente financiero de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, por haber favorecido al Concesionario Ruta del Sol SAS, vinculado a Odebrecht, mediante la aprobación de dos modificaciones contractuales, conocidas como otrosíes, que, según la investigación, se realizaron sin cumplir los requisitos legales exigidos para la contratación pública.

El análisis de la Fiscalía, citado por el medio, detalla que el otrosí tres otorgó al concesionario la facultad de diseñar el tramo Agua Clara - Ocaña - Sardinata - Gamarra.

Esta asignación, que debió adjudicarse mediante un concurso de méritos y un contrato de consultoría, se realizó de manera directa, eludiendo el proceso competitivo que garantiza la selección de la mejor propuesta técnica y económica. Esta decisión permitió al concesionario asumir el control de los diseños sin la transparencia ni la competencia requeridas por la ley.