El gremio de pequeños y medianos arroceros, representado por Dignidad Agropecuaria, acudió el 12 de agosto de 2025 a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para radicar una denuncia formal contra varias empresas del sector molinero.
Según informó la Revista Semana, los voceros de los arroceros señalaron que estas compañías estarían aplicando prácticas que eluden la regulación de precios pactada con el Gobierno tras las movilizaciones realizadas a mediados de año.
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La queja se refiere a la Resolución 241 de 2025, expedida de manera conjunta por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio, que estableció un régimen de libertad regulada para el arroz paddy verde, fijando precios mínimos de compra por región.
Esta medida surgió como parte de los compromisos alcanzados en la mesa de negociación que puso fin al paro arrocero, luego de que los productores manifestaran que el valor de venta del grano no cubría los costos de producción.
De acuerdo con el reporte, los agricultores habían expuesto que la sobreoferta generada por una cosecha abundante en el segundo semestre presionó los precios a la baja. Tradicionalmente, parte de esta producción se almacenaba para abastecer el mercado en los meses de menor oferta, pero la magnitud de la recolección de este año llevó a la aplicación del mecanismo de regulación para evitar afectaciones económicas mayores.
En su declaración ante la SIC, los representantes de Dignidad Agropecuaria afirmaron que “la denominada Industria —conformada por grandes molineras y comercializadoras que concentran buena parte del mercado— habría adoptado una nueva modalidad de compra denominada arroz paddy seco”.
Según indicaron, este cambio traslada a los agricultores los costos de secado y transporte, reduciendo de manera indirecta el precio recibido por la cosecha y desconociendo el objetivo de la regulación.
Para el gremio, esta práctica “es una estrategia subrepticia para hacerle el quite a la regulación de precios, que fue diseñada para proteger al productor nacional y salvaguardar la soberanía alimentaria”.
La Resolución 241 de 2025 determinó precios mínimos por tonelada de arroz paddy verde según las zonas de producción: Bajo Cauca, $1.491.478; Centro, $1.589.489; Costa norte, $1.512.785; Llanos, $1.457.387; y Santanderes, $1.555.398. Los denunciantes sostienen que la compra del grano ya seco permite a las empresas pagar valores inferiores a los establecidos, afectando la sostenibilidad de los productores.
Entre las solicitudes presentadas a la Superindustria figuran: “verificar el cumplimiento efectivo de la Resolución 241 de 2025; investigar y sancionar a las empresas que implementen prácticas que desvirtúen la regulación; evitar acuerdos o prácticas coordinadas que restrinjan la competencia y perjudiquen a los productores; actuar en coordinación con el Ministerio de Agricultura para evitar prácticas elusivas y violación de la regulación de precios mínimos que impiden la quiebra de los arroceros”.
La SIC, como autoridad encargada de proteger los derechos de los consumidores y garantizar la libre competencia, deberá revisar las pruebas y determinar si existen infracciones al régimen de precios y a la normatividad comercial vigente.
El contexto de esta denuncia se remonta a las negociaciones de julio de 2025, cuando el paro de los arroceros llevó al Gobierno a aceptar la aplicación de un esquema de libertad regulada. Esta figura implica que, aunque el mercado conserva cierto margen de fijación de precios, el Estado puede establecer criterios y límites máximos o mínimos para asegurar un equilibrio entre productores y compradores.
Los agricultores insisten en que el acuerdo alcanzado buscaba frenar la caída en los ingresos y garantizar que la cosecha de este semestre no generara pérdidas generalizadas. Por ello, aseguran que cualquier alteración en la forma de compra que derive en un pago inferior al estipulado contradice el espíritu de la resolución y vulnera los compromisos adquiridos en la mesa de concertación.
El caso, ahora en manos de la Superindustria, abre un nuevo capítulo en la relación entre productores y molineras, en un año marcado por tensiones en el sector agropecuario debido a variaciones de mercado, costos de insumos y condiciones climáticas. La decisión que adopte la entidad podría sentar un precedente sobre la aplicación de la libertad regulada en el país y su eficacia para proteger a los agricultores frente a prácticas comerciales que, según los denunciantes, pueden distorsionar el mercado.
En paralelo, el Ministerio de Agricultura ha reiterado que continuará monitoreando la situación del arroz y que mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones gremiales para prevenir conflictos y garantizar la estabilidad en el suministro de este alimento básico en la dieta nacional.
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