
La madrugada del lunes, un asalto con características de operación planificada interrumpió la tranquilidad de una urbanización privada en San Sebastián de los Reyes, en Madrid.
El empresario Álvaro Romillo, figura conocida en redes sociales bajo el nombre de CryptoSpain y vinculado al político español Alvise Pérez, denunció haber sido víctima de un secuestro y robo millonario dentro de su residencia.

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De acuerdo con su declaración ante la Policía Nacional, el incidente ocurrió cerca de las tres de la mañana, aproximadamente una hora después de que él y su pareja regresaran de un viaje. Cinco hombres, a quienes describió como “de nacionalidad colombiana”, irrumpieron en la vivienda. Iban encapuchados, vestían de forma similar, usaban guantes y portaban una pistola, un dispositivo taser y un cuchillo tomado de la cocina del domicilio.
Romillo relató que los intrusos los redujeron rápidamente, sujetándolos con bridas y cubriéndoles la boca con cinta aislante roja. La pareja fue retenida durante cerca de cuatro horas, mientras los asaltantes ejecutaban un plan que incluyó forzar al empresario a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas. Además, se apoderaron de relojes valorados en aproximadamente 500.000 euros, joyas y una pequeña suma en efectivo, estimada en 200 euros.

El empresario explicó que la operación de los delincuentes fue coordinada y meticulosa, sin dejar rastros visibles. Según fuentes policiales citadas por medios como El Español y El Mundo, el hecho llamó la atención por la precisión en los movimientos y la ausencia de huellas gracias al uso de guantes.
Una vez que los agresores abandonaron el lugar, Romillo logró liberarse y buscó ayuda a través de un servicio de seguridad privada, que posteriormente alertó a las autoridades. Efectivos de la Policía Judicial y de la Policía Científica llegaron a la escena para iniciar la recolección de pruebas y abrir la investigación. Hasta el momento, los cinco implicados continúan prófugos.
Romillo es un personaje conocido en el ámbito de las inversiones de alto riesgo. Fue representante visible del proyecto Madeira Invest Club (MIC), calificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como un “chiringuito financiero”. Actualmente se encuentra bajo investigación por la Audiencia Nacional por su presunta vinculación en una estafa piramidal y por la supuesta financiación irregular del partido Se Acabó la Fiesta, liderado por Alvise Pérez.

En julio de este año, el empresario declaró ante el Tribunal Supremo que había entregado 100.000 euros en efectivo para la campaña electoral de Pérez, afirmación que el político ha negado públicamente. Este antecedente ha generado interés mediático en el caso, aunque las autoridades han insistido en que la investigación del robo avanza de manera independiente a otros procesos.
Las diligencias policiales incluyen el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad en la urbanización y áreas cercanas, así como la revisión de movimientos financieros relacionados con las transferencias en criptomonedas. El uso de este tipo de activos digitales, que ofrecen cierto anonimato, representa un reto adicional para los investigadores.
La suma sustraída, cercana a los dos millones de euros entre dinero y bienes, convierte este hecho en uno de los robos domiciliarios más significativos registrados en la zona en los últimos años. La Policía ha solicitado colaboración ciudadana para obtener información que permita dar con el paradero de los responsables.
Mientras tanto, Romillo ha mantenido un perfil activo en redes sociales, donde ha recibido mensajes de apoyo y comentarios sobre el incidente. Aunque no ha ofrecido más detalles públicos, reiteró que el ataque se produjo de forma violenta y que él y su pareja resultaron ilesos físicamente, aunque bajo evidente afectación emocional.
Fuentes de investigación señalan que no se descarta ninguna hipótesis sobre la motivación del asalto, incluyendo la posibilidad de que estuviera relacionado con su actividad empresarial y su exposición pública. El caso continúa abierto y bajo seguimiento tanto de la Policía Nacional como de las autoridades judiciales.
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